Han pasado once años desde la noche del 26 de septiembre de 2014, conocida como la Noche de Iguala, que marcó un punto de inflexión en la historia reciente de México. Aunque cada aniversario se recuerda a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el caso del mexiquense Julio César Mondragón Fontes, uno de sus compañeros hallado muerto, suele quedar en la sombra de la memoria colectiva.
Su cuerpo, encontrado sin vida con múltiples fracturas y desollado, fue localizado a escasas horas de los hechos en un camino de terracería en Iguala, a metros del C-4 que entonces estaba bajo control militar. Julio César, de 22 años y originario de Tenancingo, había ingresado recientemente a la Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinpa y viajaba en el autobús de los normalistas cuando fue atacado.
La familia de Julio César denuncia que las cámaras de seguridad fueron manipuladas y que las autoridades no han realizado una investigación exhaustiva sobre su homicidio, que todavía permanece sin responsables detenidos o sentenciados. Desde entonces, han reclamado justicia y transparencia.
Cuitláhuac Mondragón, tío del joven, en entrevista con El Sol de Toluca, recordó que las promesas en torno a la justicia se han repetido en dos sexenios, pero ninguna se ha cumplido. Para la familia, la impunidad y la falta de reconocimiento a Julio César como víctima del mismo entramado de violencia son dolorosos.
Al inicio, Julio César fue señalado erróneamente como integrante del grupo delictivo Los Rojos, hipótesis que la familia niega, pues en ese momento apenas comenzaba su formación y su principal preocupación era sostener a su hija recién nacida. Lo que más duele para ellos es que su historia no ha sido reconocida plenamente y que el aparato de justicia no ha profundizado en la investigación.
Las cámaras del C-4 de Iguala, que evidenciarían quiénes participaron en el crimen, aún no han sido analizadas en profundidad, a pesar de que debieron ser claves para esclarecer el caso. A lo largo de los años, han pasado dos presidentes y varias comisiones de investigación, pero la narrativa oficial sigue existente, sin desmontarse por completo.
La familia pide que, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, se reexaminen o reabra la investigación y se eliminen las mentiras arraigadas en la versión oficial. Además, exigen que la tortura sea reconocida como delito mayor, en vista de que las declaraciones de los detenidos bajo tormento reforzaron la 'verdad histórica' que hoy se cuestiona.
El exprocurador Jesús Murillo Karam continúa enfrentando cargos por desaparición forzada, tortura y obstrucción de justicia, en un contexto en que el Estado mexicano se juzga a sí mismo por encubrir el asesinato y desaparición de Julio César. La familia insiste en que la búsqueda de justicia no solo honra la memoria, sino que es un acto vital para combatir la impunidad que sigue vulnerando derechos.
Para Cuitláhuac Mondragón, Julio César es símbolo no solo de la violencia de aquella noche, sino también de la indiferencia institucional. Su nombre debe servir como recordatorio de que no sólo son 43 los afectados y que la herida de Ayotzinapa sigue abierta, con la justicia aún ausente.
