La cifra de personas privadas de la libertad en el Estado de México se mantiene en 35,771, sin cambios desde que entró en vigor la ley de amnistía, a pesar de que más de tres mil reclusos han sido beneficiados, reveló Fabiola Vitte, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, durante el Foro de Amnistía en el Congreso local.
De acuerdo con el Censo Penitenciario 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población no ha disminuido, lo que, para Vitte, refleja un fenómeno de 'puerta giratoria' en el sistema judicial y penitenciario del Estado de México.
‘Al iniciar la discusión, teníamos poco más de 35 mil personas en prisión; liberamos más de tres mil por amnistía, pero hoy el censo indica el mismo número, lo que indica que ingresaron otras tres mil personas’, explicó.
El informe indica que 3,124 personas han sido beneficiadas por la ley desde su aplicación, entre ellas 21 que lograron su libertad gracias a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), al comprobar violaciones al debido proceso, vulnerabilidades o violaciones de derechos humanos.
A pesar de estos avances, las cárceles mexiquenses siguen sobrepobladas y en condiciones precarias. Vitte denunció que las familias de los reclusos gastan en promedio mil 500 pesos por cada visita, en transporte, alimentos, artículos de higiene y 'cuotas de corrupción', debido a la falta de garantía de condiciones básicas en los penales.
La activista subrayó que la amnistía no debe considerarse un fin, sino un acto de justicia y reconciliación que requiere reformas estructurales. Propuso dos medidas urgentes: reformar el Código Penal del Estado de México para reducir penas y ampliar beneficios de reinserción social, y extender el alcance de la ley para incluir más casos de personas en pobreza, mujeres, indígenas y víctimas de violaciones al debido proceso.
Advirtió que la demora legislativa en estas reformas ha causado desanimo en familias y colectivos, y llamó a fortalecer la comunicación institucional con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que sigue siendo reticente al diálogo.
‘No todo se resuelve con amnistía, sino con justicia. Revisando expedientes, muchos demostrarían inocencia, ya que algunos no tuvieron defensa técnica, intérprete o recursos para un peritaje’, afirmó.
En el foro, la magistrada y futura presidenta del Poder Judicial en la entidad, Erika Isela Castillo Vega, coincidió en que la amnistía representa una perspectiva de justicia basada en la reinserción y el perdón, no solo en la coerción. Mencionó resoluciones de la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal que beneficiaron a hermanos de pueblos originarios, tras ser reconocidos como beneficiarios.
‘El Estado evaluó que esas personas mostraron conducta ejemplar en prisión. La justicia no solo castiga, también perdona’, afirmó.
Castillo Vega anunció que apoyará los trabajos legislativos para fortalecer la ley y que, en el período 2027–2029, asumirá la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, desde donde impulsará una profunda transformación del sistema judicial.
‘Existe corrupción, sentencias injustas y delitos fabricados, pero juntas y juntos transformaremos la justicia, con la sociedad, la Legislatura y con el respaldo de la gobernadora’, agregó.
Desde el ámbito legislativo, la diputada Zaira Cedillo afirmó que el Congreso defenderá la propuesta ciudadana de reforma a la amnistía y mantendrá comunicación constante con colectivos y familiares para adaptar la ley a la realidad de las víctimas.
Por su parte, el diputado Israel Espíndola destacó que la amnistía es un acto de justicia y reconciliación social, y que el bloque parlamentario de Morena continuará promoviendo la reducción de penas y la proporcionalidad en la reforma penal.
