A un día de que entre en vigor el incremento en las tarifas del transporte público en el Estado de México, la población manifiesta una inconformidad generalizada. La tarifa mínima pasará de 12 a 14 pesos a partir del 15 de octubre, medida que ha sido ampliamente rechazada, ya que muchos consideran que los servicios no han mejorado y el aumento es injustificado.
Desde días previos a la entrada en vigor, diversos usuarios han denunciado que algunas rutas empezaron a cobrar tarifas desde 15 pesos, sin exhibir la pirámide tarifaria obligatoria por ley. En ocasiones, los operadores cobran montos mayores sin explicación alguna, prácticas que han sido calificadas como abusivas y que vulneran la transparencia en los precios por distancia.
Las quejas no solo se centran en el costo. Ciudadanos de varias localidades señalan que muchas unidades permanecen en pésimas condiciones: asientos rotos, fallas mecánicas constantes, ventanas selladas y falta de limpieza. Además, advierten que varios vehículos ya superaron su vida útil y circulan sin documentación actualizada, incumpliendo la promesa de renovar gradualmente el parque vehicular, pactada en el último aumento de 2020.
El decreto oficial establece que antes del 31 de diciembre todas las unidades deben portar la cromática MoviMex y contar con cámaras de videovigilancia actualizadas. El secretario de gobierno, Horacio Duarte Olivares, afirmó que el incremento busca mejorar la seguridad en el transporte.
“Lo importante es atender la inseguridad en el servicio. Todos hemos visto los accidentes y riesgos que enfrentan los pasajeros. Este aumento obliga a que las unidades ofrezcan un mejor servicio y mayor protección”, comentó Duarte Olivares.
No obstante, tanto usuarios como expertos consideran que muchas unidades no podrán cumplir con estos requisitos en el corto plazo. La seguridad en el transporte no es un tema nuevo: desde 2013, durante el gobierno de Eruviel Ávila, se intentó instalar cámaras y botones de pánico en todas las unidades, iniciativa que nunca se concretó.
Mientras tanto, la población rechaza el aumento, y el sector transportista también expresa su insatisfacción aunque por motivos distintos. Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, señaló que el incremento de 2 pesos representa «un respiro» en medio de la crisis del gremio y que los costos operativos se han disparado.
En el ámbito político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México se pronunció por revertir la medida, denominándola “tarifazo del bienestar”, y propuso someter el aumento a consulta pública. Organizaciones ciudadanas evalúan manifestaciones y acciones legales para frenar el incremento.
El reto para las autoridades será equilibrar la viabilidad económica del transporte con el derecho de los usuarios a un servicio digno, transparente y seguro. Por ahora, el descontento social es visible, y el incremento amenaza con acrecentar la inconformidad en uno de los servicios más esenciales para la población, en lugar de solucionarlo.
