¿Alguna vez te imaginaste que un debate político se convertiría en un duelo de palabras tan mordaz? Este jueves, el abogado Raúl Noblecilla, defensor de la exministra Betssy Chávez, protagonizó un cruce de palabras con la bancada de Fuerza Popular durante la discusión del informe final que recomienda inhabilitar a su clienta por 10 años para ejercer cargos públicos, tras su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. ¡Y la tensión no se logró contener!
En su intervención, Noblecilla hizo una llamativa referencia al exdictador Alberto Fujimori, quien el 5 de abril de 1992 dio un golpe de Estado que le permitió concentrar todos los poderes del Estado, cerrando el Congreso, interviniendo el Poder Judicial y poniendo en jaque la Constitución.
"Sí quiero que descanse en paz Fujimori, pero no podrá hacerlo si todavía tiene representantes más perversos que él, tan alineados con el fujimontesinismo como él", señaló el abogado, generando protestas inmediatas por parte de los legisladores, en especial la congresista Martha Moyano.
Pero la polémica no terminó allí. Noblecilla no se quedó callado y aseguró que la denuncia contra su defendida no se realiza en un contexto democrático. “Señora Moyano, no estamos en dictadura... Bueno, estamos en dictadura, pero su líder ya murió. Disculpe, pero su líder ya murió”, declaró, a pesar de las protestas de Moyano.
¿Y qué pasó después? La Comisión Permanente aprobó, con 17 votos a favor, una nueva acusación constitucional y la propuesta de inhabilitarla por 10 años. Este informe ahora pasa al pleno, donde se decidirá cómo continuará el proceso. Es importante destacar que es el segundo informe similar que recibe esta comisión, tras la incapacidad del pleno anterior para aprobar la misma inhabilitación.
Tras esta decisiva votación, al menos tres pedidos de reconsideración se presentaron, lo que podría reabrir el debate. La acusación también afecta al expresidente Pedro Castillo y al exministro del Interior Willy Huerta, quienes pidieron reprogramar la revisión de sus casos. Además, Lady Camones, quien presentó el informe final por múltiples infracciones constitucionales, propuso votar las sanciones de manera individual.
En medio de este escenario político tan tenso, México comunicó semanas atrás que Chávez se encuentra asilada en su embajada en Lima. Esto llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas, que ya estaban debilitadas desde principios de 2023 por la falta de embajadores y el rechazo a la legitimidad de la entonces presidenta Dina Boluarte, quien tomó el poder tras la salida de Pedro Castillo.
El gobierno interino peruano, encabezado por José Jerí, confirmó que Chávez “no podrá viajar a México” hasta que se decida sobre el salvoconducto. Mientras tanto, en la embajada mexicana en Lima, al menos cinco agentes de la Policía Nacional vigilan la situación, y la administración de la Ciudad de México cubre todos los gastos de su estadía hasta que se defina su destino.
