El panorama político en Perú vive una profunda crisis institucional tras la destitución de Dina Boluarte como presidenta de la República, hecho que ha reavivado el debate sobre los límites de la vacancia presidencial y la necesidad de reglas claras en los procedimientos parlamentarios. La salida acelerada de Boluarte, decidida tras un debate en el Congreso en la madrugada y con plazos mínimos, ha sido calificada por algunos expertos como una vulneración a garantías constitucionales, la tradición democrática y el orden jurídico vigente.
La polémica no solo se centró en las acusaciones de fondo, sino también en el procedimiento utilizado: se criticó el escaso tiempo otorgado para la defensa y la falta de transparencia durante el proceso. En entrevista con Infobae, Joseph Campos, abogado de la exmandataria, confirmó que su clienta analiza interponer una acción de amparo y detalló las acciones legales en curso.
El letrado consideró que la presentación de un amparo es adecuada ante una situación que, en su opinión, es grave e inédita en Perú. "Ojalá que la presidenta se anime a interponerla, conmigo o sin mí, pero el tema es que esto corresponde, porque no se pueden repetir este tipo de situaciones", afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de acudir al Poder Judicial.
Campos denunció que Boluarte solo tuvo 56 minutos para defenderse en la madrugada del proceso. "Si existe peligro y en debate la permanencia de un presidente elegido en urnas, lo lógico sería que la Defensa se hiciera públicamente, en un plazo donde la población tenga conocimiento", comentó. Además, mencionó precedentes como Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes tuvieron mayor tiempo para presentar sus descargos, de al menos tres días.
El abogado recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Perú por no otorgar plazos razonables en procesos de juicio político y destitución, y advirtió que en el actual caso se repite ese patrón. Asimismo, señaló que una vacancia no debe justificarse por baja popularidad y que la forma en que se llevó a cabo el proceso, con mayorías parlamentarias, fomenta una política arbitraria.
Al ser preguntado sobre si la finalidad del amparo es la restitución de Boluarte como presidenta, Campos explicó que su principal objetivo es garantizar el respeto al debido proceso. "Si se admite antes de las elecciones, ella volvería a la presidencia en el momento en que se convocó, permitiéndole defenderse en condiciones justas", dijo. En caso de que el fallo sea a favor después de las elecciones, consideró que serviría para que el tribunal establezca precedentes y evite que se repitan abusos similares.
El abogado resaltó que la verdadera fuente del poder presidencial es el voto popular, no la decisión del Congreso. Señaló que la vacancia debe respetar los procesos y no usarse de manera indiscriminada, para proteger la institucionalidad democrática del país.
