En una crítica reflexión previa a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y que comienza este martes en la Ciudad de México, la académica Magdalena García Hernández expresó su preocupación por la participación limitada a organizaciones consideradas “feministas incluyentes". Durante el Foro Alterno Feminista realizado en la Cámara de Diputados, García Hernández explicó que, según la visión de la CEPAL, ser “feminista incluyente" implica respetar las demandas del movimiento de trabajadoras sexuales y de las personas trans, lo que, a su juicio, restringe el debate plural y limita el derecho al disenso. La conferencia, que se inaugurará el 12 de agosto en Palacio Nacional con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se desarrollará hasta el 15 de agosto con más de 60 reuniones en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde activistas, funcionarias y parlamentarias abordarán temas como la construcción de una sociedad de cuidados. García Hernández también criticó que la CEPAL no cuestione ni mencione explícitamente el modelo neoliberal, cuya crisis ha profundizado la precarización laboral y social, afectando gravemente a las mujeres. La economista abogó por un compromiso con una economía política feminista que reconozca el impacto del neoliberalismo como causa central del deterioro social, la sobrecarga de cuidados y la reducción de derechos. En ese contexto, alertó sobre cómo la adopción de posturas “acríticas” frente al transactivismo queer puede silenciar al feminismo y borrar a las mujeres, tanto en leyes como en políticas públicas en México. Entre los efectos, destacó la eliminación de referencias explícitas a mujeres y hombres en registros oficiales, lo que imposibilita medir avances en igualdad y deteriora los derechos humanos. Así mismo, García Hernández subrayó que las mujeres mexicanas siguen percibiendo un 34% menos que los hombres, y que el 75.1% de los 31.7 millones de cuidadoras en el país son mujeres, quienes además tienen una participación laboral de apenas entre 43 y 46%, muy por debajo del promedio de la OCDE. La académica llamó a ampliar el diálogo inclusivo y a reconocer las actores y demandas que enfrentan la desigualdad y la precarización, para fortalecer los avances en derechos y equidad.
