El acoso sexual en espacios públicos, que incluye tocamientos con connotación sexual y sin consentimiento, representa una problemática cotidiana para miles de mujeres en el Estado de México. A pesar de estar tipificado como delito, la mayoría de estos casos no se denuncian, y cuando lo hacen, los procesos suelen ser largos, burocráticos y revictimizantes.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025 del INEGI, el 15.9% de la población adultas en zonas urbanas en México fue víctima de al menos un tipo de acoso o violencia sexual en espacios públicos durante el primer semestre del año. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó en ese periodo la apertura de 3,667 carpetas por abuso sexual, 2,201 por acoso sexual, 115 por hostigamiento sexual, 1,655 por violación simple, 582 por violación equiparada y 44 relacionados con otros delitos contra la libertad y seguridad sexual.
La abogada y activista Jazmín Zepeda, representante de la colectiva Camcai en la entidad, afirmó que aunque el acoso y abuso sexual están tipificados, las sanciones no son disuasorias. "El proceso es desgastante: las mujeres deben acudir a la fiscalía, someterse a exámenes médicos y psicológicos, y incluso si se identifica al agresor, las penas suelen ser tan bajas que pueden pagar una garantía y evitar la prisión", explicó.
El Código Penal mexiquense establece penas de uno a cuatro años de prisión por acoso sexual y de dos a cuatro años por abuso sexual, con la posibilidad de fianzas en ambos casos. En la práctica, muchos tocamientos en la vía pública se investigan como abuso sexual, lo que amplía el margen de impunidad.
Sumado a ello, la ENVIPE 2024 señala que más del 94% de los delitos sexuales en México no se denuncian. En el Estado de México, esta tendencia también prevalece.
La denuncia reciente por acoso presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras un incidente frente a Palacio Nacional, reavivó el debate sobre la violencia sexual en espacios públicos. La diputada Emma Laura Álvarez, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense, mencionó que esta situación "refleja lo que viven miles de mujeres todos los días" y agregó que muchas no confían en las instituciones, citando largas horas en el Ministerio Público sin respuestas, lo que impide una justicia efectiva.
Asimismo, la diputada Paola Jiménez, promotora de la Ley de Acoso Callejero en Toluca, advirtió que ninguna mujer está exenta de la violencia. "Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas", afirmó, y celebró que el acoso sexual ahora sea considerado delito penal a nivel nacional. Sin embargo, subrayó que uno de los principales retos es la adecuada aplicación de la ley, pues policías y ministerios públicos enfrentan problemas como la mala integración de carpetas, falta de recursos y prácticas que culpan a la víctima.
Organismos internacionales como la OPS y la OMS han establecido que el acoso sexual en espacios públicos puede generar daños psicológicos graves, como ansiedad, estrés, depresión y trastorno por estrés postraumático. Muchas mujeres modifican sus rutas, horarios y actividades diarias para evitar agresiones, lo cual limita su movilidad y autonomía.
Para Jazmín Zepeda, la impunidad se mantiene por dos motivos principales: la falta de castigo y la baja denuncia. "La ley existe, pero carece de voluntad institucional para hacerse efectiva. Sin un sistema que acompañe a las víctimas, denunciar se vuelve un castigo adicional", concluyó.
Tanto Zepeda como las diputadas Álvarez y Jiménez coincidieron en que el acoso sexual callejero es una puerta de entrada a violencias más graves y que no debe ser minimizado, ya que perpetúa un ciclo de inseguridad y vulnerabilidad para las mujeres en el Estado de México.
