Oaxaca, Oax.- A pesar de haber sido absuelto en dos ocasiones por tribunales locales, el activista indígena David Hernández Salazar enfrenta una nueva ofensiva legal que, según sus apoyos, constituye una persecución judicial vinculada a su oposición al Corredor Interoceánico. Miembros de la comunidad de Puente Madera, en el Istmo de Tehuantepec, denuncian que las autoridades buscan criminalizarlo nuevamente.
Hernández fue inicialmente condenado a 46 años y 6 meses por su supuesta participación en un bloqueo carretero en el que se incendiaron vehículos durante una protesta contra la venta de tierras comunales para un Polo de Desarrollo. Sin embargo, en mayo de 2024, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca anuló esa sentencia, documentando irregularidades procesales y pruebas ilegales.
A pesar de esa anulación, las presuntas víctimas presentaron un juicio de amparo directo, que en enero de 2025 llevó a un tribunal federal a ordenar una nueva emisión de sentencia, excluyendo las pruebas ilícitas y valorando otras. En febrero pasado, la resolución fue nuevamente favorable a Hernández.
No obstante, en mayo de 2025, esas mismas víctimas presentaron un nuevo amparo, lo que la comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos consideran una estrategia de hostigamiento sistemático contra quienes defienden el territorio.
“La lucha de David no es solo individual; es colectiva. Criminalizarlo es una forma de castigar a toda la comunidad”, manifestó la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en un comunicado conjunto con la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Para estas organizaciones, la situación va más allá de la libertad personal de Hernández: representa una lucha contra el despojo y la opacidad en el desarrollo del megaproyecto del Corredor Interoceánico, además de un esquema de criminalización que busca silenciar a las comunidades indígenas.
Por otra parte, la comunidad de Puente Madera también denuncia irregularidades en la distribución de recursos públicos por parte del gobierno municipal de San Blas Atempa. Señalan que los recursos de los programas Ramos 28 y 33, destinados a mejorar servicios básicos e infraestructura, no han sido distribuidos de manera equitativa, perpetuando prácticas de exclusión presupuestaria hacia las agencias municipales.
“La falta de una distribución justa viola nuestros derechos colectivos y debilita nuestra organización comunitaria”, concluyó la comunidad en un pronunciamiento formal, evidenciando la situación de vulnerabilidad y resistencia en la región.
