Padres de las víctimas y sobrevivientes del incendio en la Guardería ABC en 2009 informaron este domingo sobre la presunta detención en Estados Unidos de Sandra Téllez, socia de la estancia infantil, y demandaron su extradición inmediata a México.
A través de una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el Grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por familiares de las víctimas, afirmó haber sido informado de manera extraoficial sobre la detención de Téllez en Eloy, Arizona.
La organización pidió a las autoridades mexicanas que gestionen la deportación y extradición de Téllez para que sea juzgada en México. La captura, indicaron, fue posible gracias a una ficha roja emitida por Interpol, aunque denunciaron no haber sido notificados formalmente por las autoridades mexicanas.
Los familiares criticaron el silencio oficial y manifestaron su desconfianza: "Ninguna autoridad nos ha informado, y ese silencio resulta altamente sospechoso". Además, acusaron que una firma de abogados estadounidense busca otorgar asilo político a Téllez, argumentando persecución política, aunque ellos insisten en que la mujer es responsable de homicidio culposo de 49 niños y lesiones en más de 106.
Téllez, quien fue socia y dueña de la Guardería ABC, fue sentenciada en 2016 a 28 años de cárcel, pero tras recursos judiciales, su condena se redujo a 5 años y 7 meses. Actualmente, tiene una orden de reaprehensión vigente desde febrero de 2022.
El 5 de junio de 2009, un incendio originado en una bodega en Hermosillo, Sonora, se propagó a la Guardería ABC, que operaba subrogada por el IMSS. El siniestro dejó 25 niñas y 24 niños fallecidos y más de 70 con quemaduras severas. La guardería incumplía normas de seguridad y sus salidas de emergencia estaban bloqueadas. A pesar de que se responsabilizó a más de 20 exfuncionarios, muchos han fallecido y otros no han recibido sentencia, mientras los responsables permanecen impunes.
Las familias denuncian que existen órdenes de aprehensión contra responsables, pero estas no se ejecutan, en medio del silencio de las autoridades y la impunidad que rodea al caso.
