Tras dos semanas de negociaciones intensas, músicos y familiares de personas desaparecidas lograron un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desapariciones. El documento será enviado este miércoles al Senado para su análisis y posible aprobación en un próximo período extraordinario.
Fuentes presentes en las negociaciones revelaron a El Sol de México que el acuerdo se cerró la noche anterior. “Hemos alcanzado consenso en 29 puntos estratégicos, derivados de más de 570 propuestas recogidas en los foros del gobierno federal”, comentaron.
Uno de los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que solicitó permanecer en el anonimato, expresó: “Para las familias es un logro fundamental, porque nunca antes, ni en el sexenio anterior, habíamos tenido una interlocución real con el Estado”.
Los colectivos firmantes del acuerdo incluyen a la Red Bajío, el Movimiento Contra las Desapariciones LGBTQIA+ y la Red Enlaces Nacionales. La negociación fue liderada por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, con participación de la secretaria de Gobernación y funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezados por Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México.
El documento final será presentado este miércoles al Senado, con la intención de que sea dictaminado durante el periodo extraordinario que inicia el 23 de junio.
Una de las principales conquistas del acuerdo es la inclusión del concepto de 'familia social' como sujeto legítimo en procesos de búsqueda. Esta figura resulta crucial para colectivos de diversidad sexual y de género, donde muchas veces las personas desaparecidas son abandonadas por sus familias de origen, y es su red afectiva la que impulsa su localización.
Asimismo, se establecieron compromisos para armonizar leyes secundarias, diseñar una política pública nacional de implementación y crear mecanismos de coordinación con gobernadores y fiscalías estatales.
El siguiente paso, según la fuente, será trabajar en la operacionalización del acuerdo: definir presupuestos, estrategias, recursos humanos y aspectos legales para garantizar que la ley no quede en papel. Por ello, la responsabilidad del Senado será vital.
Este acuerdo marca un avance importante en la legislación sobre derechos humanos del gobierno de Claudia Sheinbaum y, según organizaciones internacionales y colectivos, representa una ventana inédita de diálogo con las víctimas.
La Secretaría de Gobernación y los colectivos planean hacer públicos los detalles del documento y del proceso de diálogo en las próximas horas.
