El 16 de octubre, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026 por un total de 546,9 billones de pesos, con 50 votos a favor y 27 en contra en el Senado. La cifra representa una reducción de 10 billones respecto a la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda, que era de 556,9 billones, e incluye 16,3 billones condicionados a una futura reforma tributaria.
El Ministerio de Hacienda detalló que los recursos se distribuyen en tres áreas principales: 358,1 billones para funcionamiento, 100 billones para pagar la deuda pública y 88,4 billones para inversión. Sin embargo, la asignación de partidas al sector salud generó fuerte controversia, en un contexto de déficit financiero y presión sobre el sistema sanitario.
La senadora Norma Hurtado Sánchez, integrante de la Comisión Séptima del Senado, calificó el presupuesto aprobado como "una irresponsabilidad que deja en grave situación al sistema de salud". Señaló que los recursos, cercanos a 75,9 billones de pesos, son insuficientes para atender las necesidades del país, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y catastróficas como cáncer, insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares.
Hurtado advirtió que informes de la Contraloría General de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y 'Así Vamos en Salud' confirman que el gasto en salud crece más rápido que los ingresos disponibles, aumentando el riesgo de desfinanciamiento. En el Valle del Cauca, el presupuesto para salud se redujo en un 53,17%, de 136.083 millones en 2025 a 63.732 millones en 2026, lo que genera incertidumbre para los pacientes y pone en riesgo a hospitales públicos y privados.
La legisladora advirtió que el Ejecutivo tiene la obligación de garantizar la continuidad en tratamientos, la entrega de medicamentos y la atención integral, pero las propuestas actuales amenazan la estabilidad del sistema y la vida de millones de colombianos.
Por su parte, el senador Jota Pe Hernández criticó duramente la política presupuestal del Gobierno, asegurando que el proyecto no tiene un enfoque social: "Este no es ningún Gobierno social; este es un presupuesto que recorta inversión a los más necesitados y legaliza un atraco a esos sectores".
La senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, defendió la iniciativa, destacando el incremento en las partidas para derechos sociales. "El aumento en educación, de 81,7 a 88,3 billones, y en salud, de 67,2 a 78,1 billones, demuestra que el Gobierno apuesta por los derechos fundamentales".
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que en el segundo debate se hicieron ajustes para reforzar las inversiones en infraestructura hospitalaria y en el sector salud en general. La sesión plenaria culminó con la aceptación del texto aprobado por la Cámara de Representantes, evitando conciliaciones adicionales. El proyecto será revisado jurídicamente antes de su sanción presidencial y publicación en el Diario Oficial, lo que dará inicio a su vigencia.
