El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció que agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podrán investigar, detener y portar armas como parte de una estrategia reforzada para combatir la inmigración ilegal.
El USCIS, encargado de gestionar solicitudes de nacionalización, visados y permisos de residencia o trabajo, realiza tareas principalmente administrativas. Sin embargo, ahora contará con agentes especialmente designados que tendrán la facultad de investigar, arrestar y presentar ante la justicia a quienes violen las leyes migratorias, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Estos agentes, que en el pasado únicamente se concentraban en funciones burocráticas, podrán operar en aspectos más activos en la frontera y en la persecución de quienes incumplen las leyes migratorias.
La medida se enmarca en la polémica política del gobierno estadounidense, que ha intensificado sus acciones contra la inmigración ilegal, la cual se incrementó notablemente durante el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025). Este tema ha generado múltiples recursos legales y decisiones judiciales, incluyendo una reciente suspensión de deportaciones a menores en Guatemala.
El DHS informó que en los primeros seis meses de gobierno de Trump se arrestaron más de 300 mil migrantes y que las cifras de entrada ilegal, estimadas entre 8 y 10 millones en los últimos cuatro años, siguen siendo un tema de debate.
El director del USCIS, Joseph B. Edlow, tendrá la autoridad para nombrar agentes especiales y capacitarlos en estas nuevas capacidades, con el respaldo de una orden firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El objetivo, según el gobierno, es mejorar la eficiencia en la gestión de casos, reducir atrasos y hacer frente a intentos de fraude en el sistema migratorio.
Este cambio estratégico busca fortalecer las capacidades del DHS en la frontera y en las operaciones migratorias, adaptándose a una política más agresiva contra quienes incumplen las leyes migratorias en Estados Unidos.