El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México presentó un diagnóstico que revela que al menos el 10 por ciento de los servidores públicos desconoce cómo reportar conductas irregulares o actos de corrupción, y solo el 15 por ciento acude a los comités de ética para denunciarlo.
Estos datos, extraídos de una encuesta aplicada a más de 47 mil funcionarios, se dieron a conocer durante la Décima Sesión Ordinaria del CPC, en la que también se aprobaron medidas para fortalecer la integridad en el gobierno, proteger a pequeños negocios y transparentar el ejercicio notarial.
El diagnóstico evidenció que, entre quienes sí conocen los mecanismos de denuncia, el 18 por ciento prefiere acudir directamente a sus superiores jerárquicos, mientras que solo el 6 por ciento utiliza los códigos de ética o protocolos institucionales. Además, el 13 por ciento de los encuestados señaló que en sus áreas no existen sistemas claros para proteger la confidencialidad de los denunciantes, lo que puede desalentar a los funcionarios a reportar actos corruptos por temor a represalias.
Estos hallazgos subrayan la necesidad de estandarizar y promover protocolos de denuncia anónima y protección a testigos en todas las dependencias públicas. Entre los resultados preocupantes, se identificó que aunque el 26 por ciento del personal ha recibido capacitación en ética, todavía existe un alto porcentaje que desconoce procedimientos básicos, como manejar conflictos de interés o garantizar la confidencialidad de información sensible.
En respuesta, el CPC aprobó la creación de un curso obligatorio de inducción para servidores públicos, enfocado en valores éticos y combate a la corrupción, que será presentado ante la Comisión Ejecutiva del sistema.
Asimismo, el comité solicitó una revisión exhaustiva del acuerdo entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico sobre el programa “Cero Multas”, que establece plazos de 8 a 90 días para que los negocios corrijan irregularidades antes de ser sancionados. La petición busca prevenir abusos por parte de inspectores, tras reportes de amenazas de clausuras o multas, incluso con violación de los lineamientos establecidos. Se solicitó también vigilancia de su cumplimiento y difusión de los derechos de las unidades económicas.
El CPC confirmó que en varios municipios se han reportado casos en los que las visitas de verificación se usan como pretexto para solicitar sobornos, amedrentando a los empresarios con clausuras si no acceden a pagos “bajo la mesa”. Estas prácticas, afirmó, socavan el espíritu del programa y propagan esquemas de extorsión que afectan principalmente a negocios familiares y emprendedores.
En otros temas, el CPC informó avances en colaboración con el Colegio de Notarios, mediante la implementación de tres proyectos: fortalecer los exámenes de oposición para aspirantes a notarios con criterios transparentes, crear un modelo para detectar riesgos de corrupción en su labor, y reforzar la disciplina interna, contemplando incluso la posible creación de un órgano autónomo de vigilancia.
También se presentó la guía para prevenir la violencia política contra las mujeres que integran los CPC municipales, una herramienta urgente dado que en el Estado de México hay 183 mujeres en estos cargos. El documento, entregado al Observatorio Ciudadano, detalla mecanismos para brindar protección ante amenazas o discriminación derivadas de su labor.
Por último, el CPC destacó reuniones con las alcaldías de Tejupilco y Temascaltepec para asegurar el funcionamiento de sus sistemas anticorrupción, tras un exhorto de la Legislatura local. Además, integrantes del comité participaron en una certificación ética impulsada por Quintana Roo y avanzaron en la Red Nacional de CPC, donde revisan contratos y atribuciones para homologar estándares.