El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, afirmó que el cierre de la Playa Agua Dulce programado para el 15 de febrero no responde a una acción arbitraria, sino que está respaldado por una ordenanza vigente y responde a la necesidad de enfrentar los altos niveles de contaminación en la zona. En declaraciones a RPP, Cortez criticó que la Defensoría del Pueblo no ha visitado personalmente la playa para constatar la situación ambiental, que, según explicó, se repite cada fin de semana debido a la acumulación de residuos por parte de bañistas. "La decisión busca el bienestar de la comunidad y ha sido tomada en coordinación con las autoridades; no es arbitraria", sostuvo el alcalde. Además, manifestó que la Defensoría debería visitar el lugar para evaluar in situ la realidad ambiental antes de emitir comunicados que, a su juicio, no reflejan la situación real. La Defensoría del Pueblo, en un comunicado previo, cuestionó el cierre de la playa, argumentando que afecta derechos constitucionales como el libre tránsito y resaltando que las playas son bienes de dominio público con acceso libre y gratuito. La institución reconoció la importancia de la protección ambiental y la gestión adecuada de residuos, pero advirtió que una restricción total del acceso resulta desproporcionada y propone medidas menos restrictivas. Además, alertó que, si no se acatan sus recomendaciones, podría emprender acciones legales contra quienes incumplan la normativa vigente. La Municipalidad de Chorrillos anunció que el cierre de la playa fue una medida preventiva ante los reportes de acumulación de basura tras la gran afluencia de visitantes. Cortez explicó que esta acción responde a la necesidad de realizar labores de limpieza tras los niveles críticos de contaminación registrados en días anteriores. El alcalde no descartó que se adopten cierres similares en el futuro si la actitud de los visitantes no mejora, enfatizando que la prioridad es mantener la salubridad y evitar que los residuos acumulados dañen el entorno y la salud pública. La Defensoría recordó que el acceso a las playas está protegido por la Constitución y la Ley N° 26856, que califican estos espacios como bienes de dominio público con acceso libre y gratuito, y citó un precedente del Tribunal Constitucional que prohíbe restricciones arbitrarias o desproporcionadas. La institución hizo un llamado al municipio a cumplir con su obligación de garantizar la limpieza, salubridad y conservación de las playas, resaltando que la gestión ambiental no puede trasladarse únicamente a la ciudadanía. Finalmente, expresó su voluntad de dialogar con la municipalidad para buscar soluciones que protejan el ambiente sin afectar los derechos fundamentales, y afirmó que continuará vigilando la aplicación de la medida del próximo domingo.
