El caso de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, será llevado a los tribunales la próxima semana. La exconcejala del Partido Popular que denunció los hechos confirmó que acudirá ante la justicia, según informó su abogado, Antonio Suárez-Valdés, quien detallará los aspectos concretos de la denuncia en esa fecha y adelantó una posible acción legal adicional contra dirigentes de la Comunidad de Madrid y del PP por divulgación no autorizada de correos electrónicos personales.
La denuncia fue publicada por El País el miércoles pasado, generando una respuesta del PP de Isabel Díaz Ayuso, que divulgó correos electrónicos privados relacionados con la denuncia, incluyendo uno en el que Ana Millán, entonces secretaria general del partido en Madrid, calificaba la situación de acoso laboral como "de manual". La defensa legal ha señalado que la documentación filtrada demuestra que la víctima había expresado desde febrero de 2024 su solicitud de una reunión con la presidenta regional, sin lograr un encuentro directo, solo logrando una cita con los principales responsables del partido en Madrid.
Según el abogado, la exconcejala enfrentó presión para no denunciar el acoso. En palabras de su equipo legal, se le aconsejó por parte del partido que pensara en su familia antes de proceder. Además, Suárez-Valdés afirmó que la víctima no recibió apoyo institucional y que el caso fue archivado en su momento.
El Partido Popular reaccionó rápidamente, anunciando posibles acciones legales contra la filtración de conversaciones sin autorización. Su abogado explicó que el uso de esas conversaciones en defensa propia es legítimo. También negó que la denuncia tenga motivaciones personales o venganza política, indicando que en un audio el propio alcalde afirma que la exedil nunca le pidió nada en el ámbito personal.
En torno a la fuga de los correos electrónicos, Suárez-Valdés insistió en que su clienta no se ha encargado de filtrar esa información, aclarando que los contactos se hicieron a través de canales internos del PP y que la filtración pudo provenir de una fuente interna, posiblemente un “fuego amigo” o un rival político.
Finalmente, el abogado resaltó que su clienta ha sido objeto de ninguneo, vejaciones y maltrato institucional durante ocho meses, lo que la llevó a entregar su acta de concejala y abandonar el PP. También aclaró que los hechos alegados en la denuncia no guardan relación con un caso separado por presuntos delitos en adjudicaciones de obra pública, que actualmente incluye varias investigaciones judiciales por coacciones y negociaciones prohibidas entre funcionarios.
