El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, planteó la posibilidad de que empresas privadas administren los pabellones de alta seguridad en los penales de Limay y Callao. La iniciativa surge en medio del estado de emergencia declarado por el presidente José Jeri en Lima y su zona portuaria, que ha llevado a intensificar patrullajes militares y operativos en los penales para frenar comunicaciones ilícitas.
Maldonado argumentó que la gestión privada ha demostrado mayor eficacia que la pública en varios ámbitos, como los servicios de recaudación municipal, y consideró viable aplicar ese modelo en las áreas penitenciarias de alto riesgo. En entrevista con Exitosa Noticias, afirmó que "hay cosas que en lo privado se hacen muy bien, que en lo público es casi imposible".
La propuesta consiste en que los pabellones de internos peligrosos sean gestionados por empresas con experiencia en seguridad, tecnología y control, para garantizar el aislamiento de los reclusos frente a organizaciones delictivas externas. Este acercamiento fue presentado directamente al mandatario durante un operativo en el penal de Lurigancho, en la jornada inicial del estado de emergencia.
Además, Maldonado destacó que la medida ha permitido una colaboración inédita entre serenos distritales y las Fuerzas Armadas en patrullajes conjuntos, una modalidad no contemplada en emergencias anteriores.
El alcalde también sugirió aplicar sanciones severas a las empresas telefónicas responsables de distribuir chips de manera indiscriminada, una práctica que facilita la comunicación ilícita desde las cárceles, especialmente en casos de extorsiones.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, anunció que se realizará un barrido integral de antenas telefónicas en los alrededores de los penales y que el Ejército custodiará las cercanías de los centros penitenciarios durante la desinstalación de antenas en un radio de 200 metros, donde está prohibida su instalación.
En ese marco, se implementará un bloque electrónico que solo permitirá energía mínima para iluminación y conservación de alimentos, restringiendo la carga de dispositivos dentro de las cárceles.
Operativos recientes en los penales de Lurigancho y Ancón I, realizados por más de cien agentes del Instituto Nacional Penitenciario, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, revelaron la continuidad del problema, con la incautación de manuscritos, chips, celulares satelitales, armas blancas y sustancias prohibidas. El gobierno reiteró su compromiso de continuar con los operativos, evaluar el personal y reformar los protocolos de seguridad para transformar las cárceles en espacios más controlados.
