El estado de emergencia declarado por el Gobierno en Lima Metropolitana y el Callao sigue generando reacciones entre las autoridades locales. La medida, que suspende derechos constitucionales y permite la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, busca frenar la ola de delitos violentos y reforzar la seguridad en las zonas más afectadas por la criminalidad.
En ese contexto, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, informó que el presidente José Jerí evaluará la posibilidad de liberar a presos que no representen un peligro para la sociedad, especialmente aquellos con enfermedades graves, terminales o discapacidad. La declaración la dio durante una entrevista con Exitosa Noticias, en medio de las nuevas medidas de control implementadas en su distrito, uno de los más afectados por la inseguridad.
Durante la entrevista, Maldonado aseguró que la eventual liberación de internos vulnerables forma parte del análisis que realiza el Ejecutivo. "Muchas personas que están privadas de su libertad son enfermos terminales, graves, en silla de ruedas o con incapacidad de movilidad, y será el presidente quien determine, ya que eso también aliviaría el hacinamiento", explicó.
El alcalde puntualizó que esta revisión no implica una liberación masiva. "No se trata de liberar a las personas que deben estar en prisión, sino a quienes no representan un riesgo para la sociedad", enfatizó. La medida buscaría un enfoque humanitario y aliviaría la sobrepoblación en los penales, sin comprometer la seguridad pública.
Actualmente, el sistema penitenciario peruano atraviesa una de sus peores crisis. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las cárceles superan el 120% de su capacidad, y el penal de San Juan de Lurigancho, el más grande del país, alberga a miles de internos en condiciones de hacinamiento y atención médica deficiente.
Expertos han advertido que la falta de infraestructura y recursos para atender a internos con enfermedades graves o discapacidades genera una problemática humanitaria. Se ha reiterado la necesidad de políticas diferenciadas que prioricen la salud y los derechos humanos, sin descuidar la seguridad.
Durante el gobierno de Dina Boluarte, se aprobó el Decreto Legislativo N.º 1585, que modificó varias normas del Código Procesal Penal y del Código de Ejecución Penal, con el fin de enfrentar el sobrehacinamiento carcelario. La norma permitió la revisión periódica de la prisión preventiva y facilitó mecanismos como la comparecencia restringida y la utilización de vigilancia electrónica en casos específicos, aunque estos no han tenido un impacto significativo en la reducción de la población penitenciaria.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha emitido una declaración oficial respecto a las afirmaciones del alcalde de San Juan de Lurigancho. La posibilidad de liberar a personas vulnerables ha generado expectativa, en medio del endurecimiento de las medidas de seguridad ante el estado de emergencia.
Se intentó contactar a Jesús Maldonado para obtener más declaraciones, pero no se logró comunicación hasta el cierre de esta edición.
