El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y su círculo cercano están siendo investigados por presuntos actos de extorsión y abuso de poder, según denuncias, testimonios y expedientes judiciales. Desde que asumió su cargo en octubre de 2024, se habría establecido un esquema delictivo, presuntamente respaldado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que implicaría el uso de estructuras municipales para imponer cuotas, cobros irregulares y sanciones fuera de la ley.
El caso que generó mayor atención fue el de la empresa tequilera José Cuervo, que en diciembre de 2025 denunció un impuesto predial de 60 millones de pesos, mucho más del doble de su recaudación anual, y que tras negarse a pagar esa cantidad, sufrió la imposición de sellos de clausura y una deuda final de 17 millones de pesos antes de reanudar sus operaciones, evidenciando un patrón de presión mediante clausuras.
Las extorsiones no se limitaron a la industria tequilera, sino que también afectaron a hoteles, comerciantes y transportistas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que al menos 10 empresas del sector, incluyendo hoteles y transportes turísticos, denunciaron cobros irregulares y extorsiones bajo amenazas en el municipio.
Además, reportes de comerciantes y empresarios locales relatan que, incluso después de pagar multas y cumplir con requisitos como la adquisición de extintores y botiquines, sus negocios permanecieron clausurados por periodos superiores a un año. Entre estos casos, una comerciante pagó 11,600 pesos en multas sin que le levantaran los sellos.
Otros testimonios judiciales revelan pagos iniciales de hasta 50 mil pesos para reabrir negocios tras clausuras, junto con cuotas mensuales de 20 mil pesos, con casos en los que las extorsiones superaron los 150 mil pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Rivera Navarro de delitos de delincuencia organizada, extorsión y secuestro, señalando que utilizó el aparato estatal para fines criminales, en una presunta alianza con el CJNG.
Las investigaciones identifican actores clave en una estructura criminal dentro del ayuntamiento, incluyendo a Severo Flores Mendoza, conocido como “El Rey Mago”, quien coordina desde hace más de una década a grupos relacionados con el CJNG en la región del Triángulo Dorado, y fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por proteger al cártel mediante sobornos. Flores Mendoza habría facilitado operaciones de desapariciones, decomisos y entrenamiento de jóvenes reclutados por el cártel.
Testigos relatan que Rivera Navarro, acompañado de policías y colaboradores armados, ingresaba a establecimientos comerciales para exigir pagos semanales bajo amenazas de secuestro. Otros casos incluyen a candidatos políticos de Morena, quienes en 2021 alegaron ser levantados, golpeados y forzados a renunciar a sus postulaciones bajo amenazas de muerte, siendo señalados directamente por el alcalde. Además, numerosos comerciantes reportan agresiones físicas, daños materiales y amenazas sistemáticas.
Las evidencias y testimonios recabados por la FGR muestran una red de coacción en la que el ayuntamiento se convirtió en un espacio para la comisión de delitos, bajo la aparente protección del CJNG, según informó Infobae.
