Tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores limoneros del Valle de Apatzingán, la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo generó polémica al minimizar el hecho. En entrevista con medios locales, la funcionaria declaró que estos incidentes "al final del día ocurren", lo que fue criticado por su aparente insensibilidad frente a la violencia que afecta a la región.
Arreola Pichardo afirmó que el homicidio de Bravo no es un caso aislado, sino parte de una serie de ataques contra productores en distintas localidades de la Tierra Caliente. "Son hechos que al final del día ocurren, no es únicamente el caso de Bernardo; también ha habido decesos en otros municipios con productores destacados", dijo.
Reconoció que Apatzingán atraviesa una crisis de inseguridad que aún no ha sido controlada, y que las garantías de protección "están en proceso de construcción". Sin embargo, sus declaraciones fueron interpretadas como una minimización de la gravedad del crimen, evidenciando la vulnerabilidad de los productores agrícolas ante la violencia del crimen organizado.
Además, mencionó que los productores de limón enfrentan amenazas constantes y extorsiones, problemas que el gremio ha denunciado en varias ocasiones. Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado el lunes 20 de octubre en la Tierra Caliente. Su cuerpo fue hallado cerca de la carretera Apatzingán–Presa del Rosario.
Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Michoacán, Bravo contaba con protección policial, incluyendo tres escoltas y un vehículo blindado, medidas implementadas el mismo día del ataque. A pesar de ello, el crimen ocurrió, poniendo en evidencia las deficiencias en las estrategias de seguridad regionales.
El asesinato ocurrió días después de que Bravo liderara un reclamo público al gobierno estatal, exigiendo apoyo para evitar la caída del precio del limón. En sus declaraciones, advirtió que la falta de intervención gubernamental afectaba a productores, recolectores y trabajadores del campo, quienes enfrentan pérdidas económicas y amenazas de grupos criminales.
El homicidio generó protestas en Apatzingán, con estudiantes, maestros y políticos exigiendo justicia y mayor seguridad. Este suceso se suma a una larga lista de crímenes que reflejan la grave crisis de violencia en Michoacán, especialmente en Apatzingán, donde la disputa por el control territorial y económico entre organizaciones criminales continúa.
Durante una sesión solemne del Congreso de Michoacán en Apatzingán, para conmemorar el 211 aniversario de la Constitución de 1814, la alcaldesa Fanny Arreola reconoció que los tres niveles de gobierno "están totalmente rebasados por la delincuencia". Su declaración y la polémica frase sobre el asesinato de Bravo evidencian la difícil situación que enfrentan productores, comerciantes y familias en Tierra Caliente, donde la inseguridad y la inacción oficial generan descontento social y cuestionamientos hacia las autoridades.
