En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al menos cinco automovilistas han sido detenidos injustamente tras denuncias falsas de robo, en inmediaciones de la Fiscalía local. Las víctimas, con documentos legítimos, pagan hasta 26 mil pesos para recuperar su libertad y vehículo.
Las denuncias siguen un patrón: autos comprados en agencias son reportados como robados tras una llamada anónima. Autoridades detienen a los conductores, incluso si acreditan la propiedad, y si se niegan a pagar, son turnados al Ministerio Público y sus autos a corralón.
Este método de extorsión, ligado a prácticas administrativas irregulares en Cuautitlán Izcalli, genera mayor preocupación al involucrar a elementos de la procuración de justicia. Un abogado grabó un testimonio en redes sociales, donde su cliente fue detenido frente a la Fiscalía, pese a presentar la factura original.
Estos eventos revelan vulnerabilidades legales y un uso indebido de protocolos. La repetición de casos en corto tiempo requiere atención urgente de las autoridades, que aún no han emitido un pronunciamiento. Las denuncias ciudadanas continúan creciendo en redes sociales, exigiendo soluciones y revisiones en los procedimientos policiales.
