Toluca, Estado de México, 21 de mayo de 2025.- El Estado de México atraviesa una crisis silenciosa en sus escuelas, debido al resurgimiento de la venta de comida chatarra. En los primeros meses del ciclo escolar 2024-2025, se recibieron 1,198 denuncias por la venta de productos no permitidos en 692 instituciones educativas, lo que representa un incremento del 3,423% en comparación con los datos previos al 29 de marzo, fecha en que se implementó la estrategia Vida Saludable.
Estos reportes, registrados en la plataforma “Mi Escuela Saludable” y gestionados por El Poder del Consumidor, revelan que el 91.2% denuncia la venta de comida no saludable, el 72.4% señala la venta de refrescos y el 58.3% confirma la ausencia de frutas y verduras en los establecimientos. Además, el 81.1% de las escuelas no cuentan con comités de vigilancia, y el 86.6% carecen de bebederos de agua.
En contraste, estados como Aguascalientes acumulan solo 41 denuncias en 22 instituciones, evidenciando el liderazgo negativo del Estado de México en esta problemática.
Durante una conferencia de prensa, El Poder del Consumidor y organizaciones aliadas hicieron un llamado a los aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial. La abogada Isabel Rubio destacó que jueces y magistrados deben priorizar el interés público, en medio de una epidemia de enfermedades no transmisibles que, a nivel nacional, causan el 77% de las muertes en México.
Rubio advirtió que el consumo de comida chatarra y tabaco aumenta el riesgo de infartos, enfermedades respiratorias y diversos tipos de cáncer, afectando particularmente a niños, niñas y adolescentes.
La resistencia legal a las regulaciones en salud pública ha sido significativa. Javier Zúñiga, abogado del CIDE y de El Poder del Consumidor, denunció que las empresas de alimentos ultraprocesados han presentado más de 160 amparos para revertir normativas como el etiquetado frontal y las restricciones a la publicidad dirigida a menores.
“Es fundamental que los futuros integrantes de la Suprema Corte no se sometan a los intereses de las grandes industrias. La salud pública no puede estar en venta”, afirmó Zúñiga.
Activistas como Claudia Moreno y Larisa De Orb expresaron su preocupación por la interferencia de las corporaciones en la elaboración y aplicación de políticas públicas, señalando que la industria tabacalera, refresquera y de plásticos ha intentado evadir responsabilidades mediante litigios y estrategias legales.
Coincidieron en que el nuevo Poder Judicial debe fortalecer su independencia, resistir presiones económicas y defender los derechos humanos, en línea con lo establecido en el Acuerdo de Escazú.
Finalmente, El Poder del Consumidor reiteró la importancia de que la ciudadanía continúe reportando la venta de comida chatarra a través de la plataforma “Mi Escuela Saludable”, para promover un cambio sostenible en los entornos escolares y garantizar una alimentación digna y saludable para la niñez mexicana.