VALLE DE BRAVO, Estado de México, 12 de junio de 2025.- En medio de un silencioso abandono institucional y el avance de la inmobiliaria no regulada, Valle de Bravo, uno de los principales tesoros naturales del Estado de México, enfrenta una grave crisis ecológica. Organizaciones como el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca del Valle de Bravo-Amanal y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han denunciado un crecimiento desmedido de obras ilegales en áreas protegidas.
En una entrevista en Aristegui en Vivo, Samantha Namnum y Gustavo Alanís Ortega, representantes de dichas organizaciones, advirtieron sobre el impacto irreversible del desarrollo inmobiliario sin control en los ecosistemas del lugar. Aunque Valle de Bravo está protección mediante decretos federales como Área Natural Protegida, diversos proyectos se llevan a cabo sin estudios de impacto ambiental ni permisos adecuados para el uso de suelo.
El ejemplo más claro es el del Rancho San Jorge, una propiedad de 500 hectáreas donde se construyeron 10 presas sin autorización, utilizando recursos hídricos de forma ilegal y alterando cauces naturales, situación que llevó a su aseguramiento por la PROFEPA y la Fiscalía General de la República, tras una investigación periodística de Evlyn Cervantes.
Este lugar no solo es un destino turístico o una zona de lujo, sino una subcuenca vital que alimenta el Sistema Cutzamala, responsable de proveer agua a millones en el centro del país, incluyendo la Ciudad de México. La destrucción de su entorno afecta su biodiversidad, como la mariposa monarca, y la calidad del agua.
Desde la apertura de una nueva carretera en 2010, la problemática se ha intensificado, con un aumento de construcciones clandestinas que violan las leyes de uso de suelo y protección ambiental. Samantha Namnum alertó sobre la proliferación de obras sin licencias ni cumplimiento normativo, agravando la situación.
Gustavo Alanís añadió que muchas de estas obras ignoran los requisitos legales, como el manifiesto de impacto ambiental, dejando en incertidumbre el impacto real en el ecosistema y vulnerando instrumentos internacionales como CITES y la normativa nacional NOM-059, que regulan la protección de especies en peligro y la biodiversidad.
El daño ecológico está acompañado por la crisis en las comunidades cercanas, que enfrentan escasez de agua y el uso indiscriminado de recursos por parte de desarrollos privados, evidenciando la falta de control y protección de las autoridades.
La expansión desordenada, la falta de transparencia en permisos y el incumplimiento de las leyes ambientales cuestionan la efectividad del Estado de derecho en la región. “No se respeta el plan de manejo ni los decretos de protección”, afirmó Alanís Ortega.
La pregunta persiste: ¿quién está realmente protegiendo a Valle de Bravo? La devastación continúa mientras las autoridades parecen rebasadas o indiferentes. Los ambientalistas exigen la aplicación de la ley, la detención de obras ilegales y la conservación de un ecosistema crucial para el país. Cada obra sin control no erosiona solo un cerro, sino también el futuro sostenible de la región.
