La justicia argentina realizó allanamientos en seis viviendas en la provincia de Buenos Aires para investigar si se realiza un documental no autorizado sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, en el cual una de las juezas fue señalada de haber participado, informó una fuente oficial.
El proceso judicial fue suspendido esta semana por una semana para determinar si la jueza Julieta Makintach colaboró en la introducción de cámaras a las audiencias sin autorización de las partes. Una fuente vinculada a la investigación confirmó los allanamientos, solicitando el anonimato.
El jueves, el abogado querellante Fernando Burlando expresó que el juicio debería reiniciarse, ya que consideró que las acciones realizadas no son válidas. Además, anunció que solicitará la recusación y el juicio político contra Makintach, y evalúa hacerlo con los otros jueces del tribunal. Burlando cuestionó la información privilegiada sobre lo ocurrido, y afirmó que Makintach actuó "como actriz" en los videos que mostraron a la jueza frente a una cámara de filmación en tribunales.
El juicio, iniciado el 11 de marzo en San Isidro, busca determinar la responsabilidad del equipo médico de Maradona en su fallecimiento. La causa se encuentra en suspenso tras conocerse los allanamientos, que incluyen la inspección de dos productoras audiovisuales y cuatro domicilios particulares, uno vinculado a una mujer señalada como encargada del documental, quien asiste al juicio regularmente. Makintach negó tener relación con el documental, alegando que la mujer es “amiga de la infancia”.
La jueza enfrenta tres recusaciones presentadas por las defensas; una fue rechazada y apelada, mientras que las otras dos están pendientes de resolución. El juicio continúa en riesgo por estos incidentes.
Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras recibía atención médica en su casa tras una operación neurológica semanas antes.
Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual, lo que implica que eran conscientes de que su acción podría causar la muerte del paciente. El delito contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. Una octava acusada será juzgada en un proceso separado.
Durante el juicio, la parte querellante ha cuestionado la pertinencia de que Maradona fuera internado en su domicilio tras la operación, así como las condiciones del lugar y la atención médica brindada.