El Diagnóstico Integral de Justicia Cívica 2025, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), reveló que Almoloya de Alquisiras es el municipio peor calificado entre los 125 evaluados, con solo 17.89 por ciento de cumplimiento en aspectos de justicia cívica.
Otros municipios entre los diez peores incluyen San Simón de Guerrero, Sultepec, Ixtapan del Oro, Joquicingo, Otzoloapan, Texcaltitlán, Amanalco, Ixtapan de la Sal y Mexicaltzingo, con niveles de cumplimiento inferiores al 32 por ciento.
Las evaluaciones se basaron en visitas de campo, entrevistas con autoridades municipales y revisión de documentación, con el fin de verificar el cumplimiento de derechos fundamentales relacionados con el sistema de justicia cívica. Estos derechos incluyen una estancia digna y segura en centros de detención, integridad personal, debido proceso, protección a la salud y buenas prácticas en la administración pública.
Myrna García Morón, presidenta de la Codhem, explicó que el diagnóstico reveló diversas irregularidades, como la falta de jueces cívicos en funciones y espacios de detención que no cumplen con requisitos mínimos para garantizar derechos. En Xalatlaco, por ejemplo, la jueza titular estaba de licencia por maternidad, sin que el ayuntamiento designara una suplente, además de hallarse documentos de audiencia y liberación firmados antes de tiempo, lo cual contraviene la ley.
García Morón señaló que en varias localidades se detectó a personas detenidas por horas sin expediente que justifique su retención. En un caso, tras la visita del organismo, se liberaron irregularmente a tres personas sin orden judicial o calificación de faltas, situación que fue atribuida a la propia visita.
La institución aclaró que su función no es ordenar liberaciones, sino señalar omisiones y promover el cumplimiento de la ley. Además, el diagnóstico identificó deficiencias estructurales en los lugares de detención: ausencia de sanitarios, falta de limpieza, mobiliario inadecuado y cobijas en mal estado, afectando la dignidad y seguridad de las personas retenidas.
También se encontraron casos de detainees con lesiones visibles, lo cual podría indicar uso excesivo de la fuerza y tratos degradantes. La protección a la integridad personal fue uno de los derechos menos respetados, según García Morón, quien señaló que existen registros de prácticas que vulneran sistemáticamente este derecho.
Como resultado, la Codhem ha emitido recomendaciones específicas a los municipios con las mayores omisiones y ha otorgado la condición de víctima a algunas personas afectadas, activando mecanismos de reparación y promoviendo investigaciones y sanciones a responsables.
García Morón concluyó que el organismo continuará analizando a fondo los hallazgos de cada municipio para emitir nuevas recomendaciones en pro de mejorar las condiciones del sistema de justicia cívica en la entidad.
