Comerciantes ambulantes y semifijos del Movimiento Popular Ernesto Che Guevara acusaron penalmente al Ayuntamiento de Toluca por abuso de autoridad, robo y desacato a una resolución judicial que les permite trabajar en la vía pública. Estos comerciantes, que suman cerca de mil y en su mayoría son adultos mayores, madres solteras o personas con discapacidad, señalaron que en mesas de trabajo con el director de Gobernación, Mario Alberto Medina Peralta, les han condicionado su permanencia, permitiendo solo a 30 de ellos laborar.
Yadira García, representante del movimiento, afirmó en una conferencia frente a la Terminal de Autobuses de Toluca que cuentan con un amparo vigente, específicamente la resolución del juicio de amparo 360/2025, otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, de Trabajo y Civil en el Estado de México, que les concede la suspensión definitiva para seguir trabajando.
A pesar de esto, denunciaron que personal municipal continúa realizando operativos para decomisar sus mercancías sin identificarse ni dejar actas circunstanciadas, lo que consideran un acto de desacato a la orden judicial. Durante la protesta, una comerciante afectada relató que fue despojada de su puesto sin previo aviso, llevándose sus pertenencias, incluyendo un tanque de gas, comida y mesas, sin que le pidieran documentos ni le mostraran alguna orden. La comerciante, madre de cuatro niñas, dos con discapacidad, afirmó que, además de perder su fuente de ingreso, su ayudante resultó lesionado al intentar impedir el decomiso.
El abogado del movimiento, Juan Antonio Muñiz, afirmó que estos hechos constituyen un acto de desacato a un orden judicial y que las autoridades municipales, incluyendo a Mario Medina, ya fueron notificadas y tienen informes en el expediente. Destacó que se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por presuntos actos de abuso de autoridad y robo, y sostuvo que las autoridades están violando la ley al no respetar la orden judicial.
Los comerciantes reclamaron garantías para realizar su actividad sin hostigamiento ni violencia, criticando que en lugar de permitares trabajar, las autoridades los persiguen con operativos violentos. Yadira García denunció además que la policía no está para quitarles su fuente de ingreso con armas largas, y que solo desean llevar alimento a sus familias.
Finalmente, aseguraron que su actividad está respaldada por la Ley de Amparo y el artículo 68 del Bando Municipal de Toluca, que permite la emisión de permisos por parte de autoridades federales, y exigieron que cesen los actos de hostigamiento y violación judicial.
