El presidente Gustavo Petro ha expresado su interés en convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución Política de 1991, a pesar de que esta no fue una promesa de campaña. El 23 de octubre, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó un borrador del proyecto que busca esta convocatoria. La propuesta contempla una asamblea de 71 delegados, con representación equitativa entre hombres y mujeres, incluyendo sectores sociales diversos como campesinos, obreros, víctimas del conflicto, afrocolombianos e indígenas. La sesión sería de tres meses y tendría la facultad de modificar la Constitución sin disolver el Congreso, garantizando el respeto a tratados internacionales en derechos humanos y previniendo retrocesos en derechos sociales y fundamentales.
En entrevista con Infobae Colombia, el experto en estudios jurídicos, políticos e internacionales, Sergio Morales, analizó el contexto histórico y las implicaciones del proceso. Recordó que la Constitución de 1991 surgió como respuesta a una crisis institucional y representó un salto democrático, elevando derechos y estableciendo un Estado laico. En contraste, el borrador actual no soluciona problemas reales, sino que propone una modificación que, según Morales, en gran medida mantiene el statu quo.
El especialista explicó que la reforma propuesta por Petro no aborda las deficiencias en la implementación de políticas públicas, sino que se centra en cambios políticos y administrativos sin una necesidad constitucional urgente. Además, enfatizó que los problemas reales responden a la eficiencia del Estado y la gobernanza, no a la falta de un texto constitucional adecuado.
Morales resaltó los posibles aspectos positivos de un proceso constituyente, como la visibilización de demandas sociales y la actualización del marco legal ante nuevas tecnologías, inteligencia artificial y protección de datos. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos: actualmente, el mandato del presidente apunta a construir un nuevo texto desde cero, no solo a actualizarlo. Esto podría ser utilizado para sortear bloqueos políticos en el Congreso, desnaturalizando las reglas democráticas y entregando al Gobierno una herramienta para redefinir la jurídica del país de manera contraria a los principios democráticos y participativos.
