Elisabeth Lange, una mujer suiza de 92 años, protagonizó una situación que se volvió viral en Berna tras acudir a una tienda de teléfonos móviles para solucionar un problema técnico con su dispositivo. Sin embargo, salió con cinco contratos activos, cuatro teléfonos inteligentes y cinco altavoces, por un costo mensual que superaba los 200 euros durante dos años. La familia de Lange intentó cancelar los acuerdos, pero la empresa se negó y exigió una penalización de aproximadamente 4,5 mil euros por la rescisión.
La misma tienda estuvo involucrada en un caso similar con otro cliente de 83 años, a quien también le hicieron firmar cinco contratos y le entregaron cinco dispositivos. Según Oliver Sidler, mediador del Órgano suizo de conciliación de telecomunicaciones, la situación refleja un posible engaño por parte de los vendedores. La presión generada por la atención mediática logró que la compañía rectificara y sancionara a los empleados responsables.
El problema radica en el modelo de remuneración de los vendedores, quienes además de su salario base reciben comisiones por cada producto vendido, lo que puede incentivar prácticas agresivas y desinformadas. Casos como el de Lange son poco comunes en tiendas físicas, pues la mayoría de las estafas telefónicas ocurren en el ámbito virtual.
En España, las autoridades han implementado medidas para combatir estas prácticas, prohibiendo llamadas comerciales desde teléfonos móviles y bloqueando SMS y llamadas fraudulentas provenientes del extranjero que simulen numeraciones nacionales. Desde la entrada en vigor de estas regulaciones, las empresas deben contactar a usuarios solo mediante numeraciones geográficas o números gratuitos con prefijos 800 y 900, bajo supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El objetivo es reducir las estafas telefónicas, las cuales aumentaron un 500% en la última década, generando considerables pérdidas económicas para particulares y empresas, según el Ministerio para la Transformación Digital.
