El Parlamento de Andorra aprobó el 22 de enero una reforma en la ley de migración que cambiará las condiciones para quienes desean residir en el país, poniendo fin a su condición de refugio fiscal para influencers y fortaleciendo los requisitos financieros y de inversión para nuevos residentes. La reciente modificación elimina el antiguo depósito reembolsable de 50,000 euros, sustituyéndolo por una aportación a fondo perdido irrevocable, que no podrá ser recuperada por los solicitantes. Además, si los nuevos residentes tienen familiares a cargo, el coste aumenta en 12,000 euros por cada dependiente. La ley también endurece los requisitos para la residencia pasiva, que ahora exige una inversión mínima de un millón de euros en activos del país, o bien 800,000 euros en propiedades inmobiliarias. Existe una opción más accesible, que requiere una inversión de 400,000 euros en el Fondo de la Vivienda para aquellos que puedan optar por esa vía. La normativa mantiene un período máximo de ausentismo de 183 días al año para conservar la residencia, aunque contempla excepciones para deportistas, artistas y científicos de interés especial, quienes seguirán bajo el sistema anterior con depósito reembolsable. Los profesionales independientes y empresarios deberán demostrar una inversión mínima de 50,000 euros, control del mayoritario de su empresa y una actividad económica tangible en Andorra. La ley también regula las autorizaciones temporales de trabajo, limitándolas a 12 meses, y exige cobertura médica y de accidentes laborales. Se reforzaron controles administrativos para impedir fraudes, reagrupamientos indebidos y el incumplimiento de condiciones, además de requerir autorizaciones previas para permisos cortos y trabajos fronterizos. El gobierno justifica estas reformas como una medida para garantizar un modelo migratorio ordenado y sostenible, con solo el apoyo del Partido Socialdemócrata y Concòrdia, que votaron en contra, según informó Infobae.
