El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que no es necesario declarar una emergencia económica para atender las afectaciones causadas por las recientes lluvias en la región del Urabá. Rendón se reunió con los alcaldes de Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Turbo, municipios gravemente afectados, para definir acciones coordinadas de respuesta.
Según un comunicado de la Gobernación, durante el encuentro se acordó priorizar la implementación de planes de acción específicos para la recuperación (Paer), que incluyen inversiones en infraestructura, estrategias de desarrollo económico y garantías en la prestación de servicios públicos. Además, se han desarrollado acciones humanitarias, como la entrega de kits de aseo y ayuda de emergencia a los pobladores afectados, informó Rendón.
Mientras tanto, el gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, considera la emisión de un nuevo decreto de emergencia económica para gestionar recursos que permitan afrontar las emergencias generadas por la ola invernal. El mandatario advirtió, durante un consejo de ministros realizado el 9 de febrero de 2026, que esta medida resulta urgente debido a la suspensión provisional de la declaratoria anterior por parte de la Corte Constitucional, la cual fue emitida en diciembre de 2025 para hacer frente a la crisis fiscal.
El presidente Petro señaló que, si la Corte no aprueba el decreto antes del 11 de febrero, el gobierno evaluará otras acciones, incluyendo la convocatoria conjunta de los ministros para aprobar la medida. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó esta postura, resaltando la necesidad urgente de los recursos y la disponibilidad de fondos en manos de la Corte.
Contrario a esta postura, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que el gobierno regional cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la situación sin declarar una emergencia económica adicional. Sostuvo que el gobierno central debería reorientar fondos ya existentes, incluyendo recursos provenientes de regalías minero-energéticas, que en su opinión suman más de 9 billones de pesos y podrían destinarse a la recuperación.
Asimismo, Rendón mencionó que, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hay capacidad para responder de inmediato a la emergencia, aunque reconoció que persisten desafíos para la reconstrucción y la mitigación a largo plazo.
Actualmente, la Gobernación y los alcaldes continúan implementando acciones, como la gestión de suministros sanitarios. El 11 de febrero, por ejemplo, gestionaron la entrega de aproximadamente media tonelada de vacunas para proteger la salud de los afectados por las inundaciones, informó la Secretaría de Salud departamental.
