La anemia en Perú representa una problemática multifacética que refleja profundas desigualdades estructurales y la inacción del Estado. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), afecta al 43.7% de niños menores de 3 años y a una considerable proporción de mujeres en edad reproductiva, especialmente en regiones como Puno y Loreto, donde las prevalencias superan el 50%. La situación se agrava en gestantes, con un 28.6%, elevando los riesgos de parto prematuro y baja de peso al nacer.
El principal factor que contribuye a la persistencia de esta crisis es el debilitamiento del primer nivel de atención, con centros de salud con déficit de personal, escasez de recursos y fallas en la provisión de suplementos nutritivos. Además, la falta de fiscalización efectiva facilita que muchos establecimientos no cuenten con las condiciones mínimas para atender a la población. La insuficiente inversión y la falta de mantenimiento en equipos como hemoglobinometers agravan la problemática.
Por otro lado, las organizaciones sociales, como ollas comunes y comedores populares, desempeñan un papel fundamental en la alimentación y protección de comunidades vulnerables, pero son subutilizadas en la estrategia nacional contra la anemia. La integración efectiva de estos actores requiere reconocimiento, recursos, capacitación y una articulación formal con los sistemas de salud y gobiernos locales.
Aunque el discurso oficial promueve un enfoque multisectorial, en la práctica la coordinación es fragmentada y débil, con una carga excesiva en el sector salud y poca participación de otros ámbitos como educación, saneamiento y vivienda. Para abordar realmente la crisis, se requiere establecer espacios de decisión con metas claras, presupuestos trazables, participación ciudadana y mecanismos de vigilancia ciudadana.
La lucha contra la anemia no puede reducirse a campañas aisladas o anuncios políticos. Implica una fiscalización estricta, inversión sostenida, fortalecimiento del primer nivel de atención y decisiones políticas valientes que responsabilicen y orienten recursos hacia las zonas más afectadas. La reducción del porcentaje de población afectada es una obligación del Estado peruano, que cuenta con la evidencia y las experiencias necesarias, pero aún carece de la voluntad política efectiva para implementar soluciones duraderas.
