Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado acordaron dictaminar el martes 14 de octubre la propuesta de reforma a la Ley Aduanera, para enviarla al Pleno y someterla a discusión y votación en el mismo período.
En la reunión del lunes 13 de octubre, representantes de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) defendieron los cambios, que buscan simplificar trámites, digitalizar procesos, combatir el contrabando y la subvaluación, además de fortalecer la responsabilidad de los agentes aduanales.
El subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, señaló que esta actualización legal es “impostergable” y no modifica sustancialmente el gestión aduanera, sino que implica un nuevo esquema de supervisión y colaboración entre el sector público y privado.
Resaltó que las aduanas generan el 26.2% de los ingresos tributarios del país, y que la recaudación por comercio exterior en los primeros nueve meses de 2025 alcanzó 1.073 billones de pesos, un aumento real del 18.3% respecto a 2024.
Entre los temas destacados, se abordó la problemática del contrabando de hidrocarburos y la centralización de operaciones en pocos despachos. Álex Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la ANAM, informó sobre la cancelación de más de 45 patentes en esta administración y la existencia de 818 carpetas abiertas, con 310 casos judicializados, además del sistema digital de trazabilidad de combustibles en coordinación con Sener, Marina, Sedena, Profeco y SAT.
Por su parte, Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, explicó que la minuta, con ajustes realizados en Diputados, establece patentes por 20 años, prorrogables por otros 20 con certificación profesional cada 3 años. Destacó que las multas tienen carácter disuasorio, no recaudatorio, asegurando que quienes cumplan la ley no tienen de qué preocuparse.
Los partidos PRI y PAN pidieron que se establezca proporcionalidad en las sanciones y cautelas procesales. La diputada Claudia Anaya Mota, del PRI, advirtió que el aumento de responsabilidades a los agentes y las multas elevadas podrían frenar el comercio y cuestionó la falta de acciones judiciales firmes contra servidores públicos vinculados al huachicol.
Antes de la discusión en comisiones programada para el 14 de octubre, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado planean debatir y votar la reforma en el Pleno durante la misma semana. Mientras Morena confía en que los cambios mantengan la esencia de digitalización y control, la oposición busca ajustar sanciones y fortalecer garantías procesales antes de la votación.
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Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del Congreso y partidos políticos.
