La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó, con 31 votos a favor y 12 en contra, el dictamen de la reforma a la Ley Aduanera propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto será debatido este martes en el Pleno de San Lázaro, enfrentando críticas fuertes de la oposición, que acusa que el nuevo marco legal busca criminalizar a los agentes aduanales y eximir de responsabilidad a las autoridades del sector.
La iniciativa busca modernizar el marco regulatorio del comercio exterior, fortalecer controles en las operaciones aduaneras y establecer nuevas obligaciones para agentes aduanales y agencias autorizadas. Entre los cambios destacados se encuentran:
- Ampliación de la vigencia de patentes de agentes aduanales y autorizaciones de 10 a 20 años, prorrogables.
- Permiso para sustituir cuentas aduaneras por cartas de crédito como garantía de pago.
- Actualización de certificaciones: agentes deberán renovar su certificación cada tres años, en lugar de cada dos.
- Eliminación de la figura de exclusión de responsabilidad, obligando a los agentes a verificar el cumplimiento de regulaciones y responder solidariamente por impuestos y contribuciones.
- Creación de un nuevo órgano colegiado que decidirá sobre emisión, suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones.
- Requisitos reforzados para recintos fiscales, que deberán contar con sistemas de videovigilancia, trazabilidad y monitoreo en tiempo real.
El objetivo oficial de la reforma es reforzar la trazabilidad de mercancías, reducir el contrabando, agilizar el despacho aduanero y mejorar la coordinación en seguridad fronteriza. Sin embargo, grupos políticos como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el proyecto, calificándolo de 'punitivo y recaudatorio', por concentrar poder en Hacienda y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y mantener mecanismos de corrupción.
El diputado panista Federico Döring acusó que el gobierno busca responsabilizar a los agentes aduanales del 'huachicol fiscal' mientras protege a funcionarios implicados en corrupción. Héctor Saúl Téllez advirtió que la reforma mantiene la militarización de las aduanas, incrementa costos operativos y perpetúa la protección al delito en frontera. Guillermo Anaya criticó que la iniciativa 'disfraza de modernización un esquema de control extremo'.
Desde Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo expresó que la ley vulnera el derecho a la presunción de inocencia y se convierte en un instrumento sancionador sin controles adecuados sobre las autoridades. El PRI, con líderes como Jericó Abramo Masso, también denunció que la reforma perpetúa la opacidad y contradice recomendaciones internacionales del Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas, que promueven simplificación y transparencia.
Cabe recordar que desde 2021, las instalaciones aduaneras operan bajo control militar, primero con la Marina y ahora con la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que ha generado cuestionamientos por su transparencia y rendición de cuentas.
Esta reforma forma parte del paquete de modernización fiscal y administrativa del gobierno de Claudia Sheinbaum, que también contempla cambios en leyes de Amparo, Lavado de Dinero y Simplificación Administrativa. La propuesta busca adaptar el marco aduanero a las nuevas condiciones y desafíos del comercio exterior y la seguridad en frontera.
