TOLUCA, Estado de México, 20 de junio de 2025.- La Comisión de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia de la LXII Legislatura local aprobó una importante reforma legal que establece la mínima intervención de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales. La iniciativa, impulsada por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez y el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, ambos del PAN, busca disminuir la participación de menores en juicios para prevenir su revictimización.
El dictamen aprobado señala que cuando menores actúen como víctimas o testigos en procedimientos legales, su intervención debe seguir el principio de mínima intervención, garantizando que sean convocados en pocas ocasiones y en horarios que no afecten sus actividades escolares. La reforma también prioriza la protección emocional de los menores, evitando que revivan situaciones traumáticas en entornos judiciales hostiles y adaptando las audiencias a su edad, madurez y contexto particular.
Durante la sesión, la diputada Romero Velázquez destacó que esta iniciativa busca cerrar la brecha entre el reconocimiento formal de los derechos infantiles y su efectiva aplicación, pues actualmente los menores enfrentan entornos fríos y poco empáticos en los tribunales, sin suficiente apoyo emocional.
“El objetivo es claro: no solo escucharlos, sino hacerlo de manera cuidadosa, respetuosa y sin causarles nuevas heridas”, afirmó.
Asimismo, la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) leyó el decreto que contempla que los jueces y operadores jurídicos apliquen el principio de mayor beneficio, asegurando que las decisiones tomadas en estos casos consideren el bienestar integral del menor y el impacto emocional del delito.
La reforma también instruye a los actores judiciales a tomar medidas para prevenir la revictimización, desde el lenguaje empleado hasta el ambiente en el que se realizan las declaraciones. Con esta iniciativa, el Estado de México se posiciona a la vanguardia en la protección de los derechos infantiles, humanizando y poniendo en prioridad la integridad emocional de las niñas, niños y adolescentes durante los procesos legales, consolidando así un avance en la justicia y protección social en la región.
