La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Andrés Vázquez, elevó una ampliación de la denuncia penal en contra de Sur Finanzas Group S.A., firma vinculada a Ariel Vallejo, financierista cercano a Claudio 'Chiqui' Tapia. La acusación señala que la empresa habría retenido y no ingresado al sistema previsional y a las obras sociales un total de $46.511.222,65 entre junio de 2024 y noviembre de 2025, correspondientes a siete períodos fiscales.
La denuncia, presentada en la causa 29.107/2025 ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena, sostiene que Sur Finanzas Group, dedicada a servicios financieros y actividades no clasificadas previamente, incumplió con los depósitos de los aportes de sus empleados bajo relación de dependencia. La omisión se enmarca en la Ley 27.430 de Régimen Penal Tributario, que contempla penas de prisión de dos a seis años para empleadores que no depositen dentro del plazo legal los fondos retenidos y que superen los $3.500.000 mensuales.
Según informes de ARCA, la firma declaró mediante las declaraciones juradas F.931 sus retenciones de conceptos 301 (aportes previsionales) y 302 (obras sociales), pero no realizó los pagos dentro de los treinta días siguientes a cada vencimiento en los períodos de junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2024 y julio y noviembre de 2025. En estos meses, los montos retenidos superaron los límites establecidos por la ley.
Las cifras particulares marcan deudas que van desde los $3.685.405,69 en julio de 2024 hasta los $13.037.422,26 en diciembre del mismo año, alcanzando en total un monto no ingresado de más de 46 millones de pesos, sumando además planes de facilidades de pago que luego fueron declarados caducos, lo que refuerza el incumplimiento.
La figura penal en cuestión es la apropiación indebida de recursos de la seguridad social. La normativa establece que el delito se configura cuando un empleador no deposita los fondos retenidos en los treinta días posteriores al vencimiento, sin requerir maniobras fraudulentas complejas. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el delito se consume cuando transcurre ese plazo más treinta días, independientemente del destino de los fondos.
ARCA argumenta que cuenta con la autorización del artículo 18 del Régimen Penal Tributario para denunciar, tras haber cumplido con los requisitos administrativos previos, y que la responsabilidad recae en los órganos directivos de Sur Finanzas Group, con María Fernanda Sena Argís identificada como presidenta en los hechos.
La denuncia también cita artículos del Código Procesal Penal de la Nación para fundamentar el proceso, incluyendo la obligación de los fiscales de denunciar delitos que conozcan en el cumplimiento de su función y el proceso para citar a declaración indagatoria al imputado.
En el aspecto penal, la protección jurídica se centra en garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, dado que los fondos retenidos son recursos de jubilaciones y atención médica. La acusación busca que se citen a declaración a los responsables y, en su caso, que la causa avance a juicio con la imposición de la pena máxima vigente.
El proceso continúa en etapa de investigación, quedando en manos del fiscal federal y la jurisdicción correspondiente. La ampliación de la denuncia señala que Sur Finanzas Group, vinculada a figuras de influencia en el fútbol y la dirigencia deportiva, enfrentará cargos por una suma de más de 46 millones de pesos en aportes sociales retenidos y no ingresados, en una causa que podría derivar en sanciones penales y administrativas significativas.
