El debate sobre la reforma del régimen penal juvenil en Argentina ha vuelto a la palestra pública a partir de un nuevo proyecto presentado por el Gobierno nacional, que propone establecer un sistema penal juvenil integral y reducir la edad de responsabilidad penal, actualmente en 18 años, a 14 años. La discusión surge en un contexto de creciente presión social por respuestas más rápidas a delitos graves cometidos por adolescentes y enfatiza la urgencia de una reforma que garantice derechos y seguridad.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo busca reemplazar el sistema heredado de la Ley 22.278, sancionada durante la última dictadura, que ha sido criticado por la Corte Suprema y organizaciones internacionales por ser poco garantista y incompatible con los derechos del Niño, ya que habilita intervenciones estatales sin límites claros y con deficiencias en debido proceso. La propuesta plantea una responsabilidad penal para menores desde los 14 años, alineándose con países de la región donde la edad de punibilidad oscila entre 12 y 14 años.
El debate ha sido alimentado por casos de conmoción pública, como el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, ocurrido en 2023, con participación de adolescentes de 14 años, o el asesinato de Joaquín Sperani, de 14, en Córdoba. Tales hechos reavivan la demanda de «mano dura» y endurecimiento de las políticas penales.
No obstante, expertos y organismos internacionales como UNICEF advierten que bajar la edad no soluciona los problemas de inseguridad, pues delitos cometidos por menores representan menos del 5 % del total de investigaciones penales en Argentina. Además, se menciona que el sistema penitenciario nacional, en especial el Servicio Penitenciario Federal, no cuenta con la infraestructura ni personal especializado para atender a adolescentes de esa edad, ejemplificado por la crisis en el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, que presenta deficiencias en condiciones de habitabilidad y recursos.
Desde el ámbito internacional, convenios como la Convención sobre los Derechos del Niño y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecen que la responsabilidad penal de adolescentes debe fijarse a partir de los 12 años en contextos de protección de derechos y con un enfoque orientado a la reinserción social y el desarrollo integral.
Investigaciones comparadas muestran que países que han reducido la edad de imputabilidad, como Inglaterra y Gales, con 10 años, o Alemania y Francia, con 14 años, logran resultados variados, pero coinciden en que una infraestructura robusta, sistemas especializados y programas de justicia restaurativa garantizan mejores resultados en seguridad y reintegración.
Además, existe un consenso en que la desatención a los recursos y la organización del sistema actual limita la eficacia de cualquier reforma. Organismos internacionales recomiendan que las políticas penales deben acompañarse de acciones en educación, salud mental y programas sociales, para evitar el endurecimiento punitivo sin base en evidencia.
En conclusión, la reforma del régimen penal juvenil en Argentina debe centrarse en construir un sistema que combine responsabilidad con garantías, intervención estatal con límites claros y enfoques de justicia restaurativa. La verdadera clave no radica solo en reducir la edad de imputabilidad, sino en fortalecer las políticas preventivas y de protección, asegurando que las soluciones sean sostenibles y respetuosas de los derechos humanos, en línea con las obligaciones internacionales y con la eficacia demostrada en otros países.
