La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), organización paramilitar de élite subordinada al Líder Supremo iraní, ha sido sancionada por Argentina debido a sus actividades terroristas y su influencia transnacional. La IRGC, creada para defender y exportar la revolución islámica de 1979, actúa tanto en Irán como en diferentes regiones del Medio Oriente a través de grupos proxy como Hezbolá, Hamás, las milicias iraquíes Kataib Hezbollah y Asaib Ahl al-Haq, y los hutíes en Yemen. Utiliza el financiamiento, armas y entrenamiento proporcionados por su brazo externo, la Fuerza Quds, responsable de atentados y asesinatos indiscriminados.
En respuesta a estas acciones, Argentina declaró a la Fuerza Quds como organización terrorista, implementando sanciones a dicha unidad y a individuos vinculados, en línea con su participación en ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la sede de la DAIA en 1994. La medida busca limitar las operaciones de la IRGC en territorio argentino y fortalecer la cooperación internacional.
Asimismo, la IRGC utiliza centros culturales y religiosos en América Latina y el Caribe como instrumentos de influencia y vigilancia, manipulando mezquitas y organizaciones comunitarias relacionadas con la diáspora chií para promover la ideología de la revolución islámica, en un intento de expandir su presencia y consolidar al régimen iraní a nivel global. La organización también mantiene tensiones y agresiones constantes contra Israel y la comunidad judía en distintos países.
Internamente, la IRGC ejerce una represión sistemática en Irán mediante sus fuerzas auxiliares, como los Basiyíes, con aproximadamente 600 mil efectivos, controlando protestas, deteniendo arbitrariamente opositores y utilizando el miedo para mantener el dominio social. La misma lógica de represión en el exterior se refleja dentro del país, donde criminaliza la disidencia y protege la supervivencia del régimen.
En el ámbito militar y nuclear, la IRGC lidera programas de misiles balísticos y desarrollo de tecnología nuclear, desarrollando capacidades de alcance regional e internacional y manteniendo instalaciones de enriquecimiento de uranio que incumplen los compromisos asumidos en el marco del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP).
Considerando el tamaño y alcance de la organización, expertos sugieren que Argentina podría ampliar la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, lo que permitiría definir un marco legal más robusto para combatir el financiamiento del terrorismo, las amenazas específicas de Irán y las intimidaciones recientes, como las dirigidas contra el embajador argentino Rafael Grossi, del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta medida sería un paso estratégico para fortalecer la seguridad nacional y respaldar los esfuerzos internacionales contra las amenazas transnacionales de la IRGC.
