La Armada de Colombia y la Policía Nacional llevaron a cabo operaciones de control fluvial en el departamento de Guainía, logrando la incautación de nueve Unidades de Producción Minera (UPM) dedicadas a la minería ilegal. Estas intervenciones, realizadas durante enero y febrero de 2026 bajo el Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, se concentraron en zonas cercanas a Inírida y Barrancominas, puntos estratégicos para el tráfico de maquinaria y materiales ilícitos en la región amazónica.
Durante las acciones, las autoridades encontraron y aseguraron motores, bombas, mangueras, dragas, tapetes, rotores y combustible, además de otros insumos utilizados en actividades ilegales. Entre los objetos incautados destacan más de 12,000 galones de combustible, un golpe significativo a las redes criminales que operan en estos corredores fluviales.
El reforzamiento en patrullajes y la inspección de embarcaciones permitió detectar el transporte irregular de maquinaria y estructuras vinculadas a la minería ilícita, cuya actividad genera severos daños ambientales en la Amazonía, contaminando ríos, alterando cauces naturales y destruyendo ecosistemas acuáticos. Estos impactos afectan la biodiversidad y la salud de las comunidades ribereñas.
La Armada informó que la vigilancia constante sobre los ríos ayuda a prevenir daños mayores en los ecosistemas y a proteger la seguridad de las comunidades en la región. El comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50, teniente coronel José Acuña, afirmó que los operativos afectaron directamente la logística y las finanzas de las organizaciones delictivas al incautar equipos y combustibles.
Todo el material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los procesos judiciales correspondientes. En acciones similares recientes, la Armada destruyó nueve dragas en Caquetá y Putumayo en colaboración con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en áreas rurales de alta sensibilidad ambiental.
Estas operaciones, que incluyeron la destrucción controlada de equipos y materiales, se realizaron para evitar daños mayores en los ecosistemas y atacar las fuentes de financiamiento de grupos armados residuales como la estructura Carolina Ramírez, vinculada a actividades ilegales en la región.
La Armada reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente y la seguridad territorial, asegurando que mantendrá operaciones constantes en zonas estratégicas para reducir las actividades ilícitas y fortalecer la presencia del Estado en la región amazónica.
