El 20 de octubre de 2025, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), Bernardo Bravo Manríquez, fue hallado sin vida en un camino cercano a Apatzingán, Michoacán. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la causa de muerte fue una herida en la cabeza por disparo de arma de fuego tras practicarle la necropsia.
El cuerpo de Bravo fue localizado alrededor de las 08:00 horas en su camioneta Toyota Tacoma gris, con signos de violencia. La fiscalía aseguró que no se descartan líneas de investigación y que peritos especializados trabajan en la carpeta de homicidio. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que los escoltas de Bravo ya rindieron declaración ante las autoridades. Según versiones iniciales, el dirigente había cambiado de vehículo minutos antes de desaparecer y se perdió contacto con él la mañana del crimen. Aunque no se reportaron amenazas específicas, sus escoltas señalaron que Bravo permanecía bajo vigilancia constante debido a su activa denuncia de extorsiones y violencias relacionadas con el sector agrícola, en particular en redes sociales.
Bravo se convirtió en una voz clave en la resistencia agrícola contra el crimen organizado en la región. Antes de su muerte, había denunciado públicamente la crisis que enfrentan los productores de limón en el Valle de Apatzingán, exigiendo acciones concretas para proteger la economía local.
Fuentes de seguridad y análisis de Infobae México sugieren que el homicidio podría estar vinculado a extorsiones controladas por la célula delictiva conocida como Los Blancos de Troya, en alianza con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
El cuerpo de Bravo fue despedido en una misa en la Catedral de Apatzingán y posteriormente trasladado a Morelia para su sepultura. La comunidad agrícola y familiares solicitaron a las autoridades que garanticen la seguridad del sector. La Fiscalía reiteró su compromiso de investigación, sin descartar ninguna línea de acción, y resaltó la vulnerabilidad del sector agrícola frente a la violencia y el control territorial del crimen organizado, que pone en riesgo tanto a productores como a la economía regional.
