La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por un total de 28.5 millones de pesos en la gestión del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en el Estado de México. De los 197.9 millones de pesos transferidos, el gobierno estatal logró aclarar y recuperar únicamente 10.5 millones, evidenciando un patrón de malas prácticas en la administración de los fondos.
La auditoría 2024-A-15000-19-0856-2025 reveló que no se trató de errores aislados, sino de prácticas recurrentes como la mezcla de fondos en cuentas bancarias, obras sin permisos legales, pagos injustificados y anticipos no justificados. La Secretaría de Finanzas estatal y cuatro organismos municipales —Aguas de Huixquilucan, OPDAPAS San Mateo Atenco, APAST Tultitlán y ODAPAZ Zumpango— administraron los recursos federales como si fueran propios, utilizando cuentas combinadas en lugar de cuentas específicas para PROAGUA, lo cual viole las normas de transparencia y dificulta el rastreo de los fondos.
Además, se detectaron irregularidades en los proyectos de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), principal ejecutora del programa. La institución no presentó los títulos de concesión requeridos para explotar aguas nacionales en cinco casos, valorados en 19 millones de pesos. En Temoaya, se construyó un tanque de agua en un terreno cuya propiedad no fue comprobada, generando uno de los puntos de observación por posible daño al erario.
En Chimalhuacán, un anticipo de 3 millones de pesos para la rehabilitación de un sistema de agua sufrió suspensiones y reprogramaciones, dejando 2.6 millones sin recuperarse y sin que se iniciara proceso para concluir la obra o hacer valer la garantía del contratista.
La ASF también cuestionó pagos por 652 mil pesos a EFECTIVALE S. R.L. de C.V. por combustibles y alimentos, cuyo uso no pudo ser comprobado. Además, varias organizaciones omitieron reportar cómo gastaron los recursos, incumpliendo su obligación de transparentar sus gastos.
Uno de los problemas principales fue el incumplimiento en la aportación financiera por parte del gobierno estatal y algunos organismos, como ODAPAS Chalco. Los convenios establecían aportaciones por 230.8 millones de pesos, pero solo una parte fue ejercida, afectando la ejecución de los proyectos y la calidad de las obras.
Como resultado, se abrió una investigación adicional por parte del Órgano Interno de Control de la CAEM, y se iniciaron 30 expedientes internos para sancionar a los responsables. Aunque se lograron recuperar 10.5 millones de pesos, la situación refleja graves deficiencias en los controles internos del gobierno mexiquense y pone en entredicho la efectividad del programa en un estado donde, según el INEGI, la cobertura de agua potable es del 97.1%, ligeramente por debajo del 97.5% establecido como meta nacional.
