Un ataque coordinado perpetrado en Pucusana dejó como saldo la quema total de 30 viviendas y la desplazamiento de varias familias en la madrugada del día, en la Asociación Vivienda Familiar Amor al Prójimo. Según testimonios de residentes, un grupo de entre 130 y 200 personas descendió de los cerros cercanos portando armas, piedras y materiales inflamables, amenazando con quemar vivos a los habitantes. Durante el enfrentamiento, los agresores incendiaron las estructuras prefabricadas y sacaron enseres y colchones a la vía pública, quemándolos frente a los afectados, quienes relataron que el grupo gritaba que morirían quemados.
Los residentes denunciaron que, pese a las llamadas de auxilio, la respuesta de la Policía Nacional fue insuficiente. Una madre afectada relató que la policía solo les pidió que se tranquilizaran, sin tomar medidas efectivas para frenar la agresión ni proteger a los habitantes, muchos de los cuales tuvieron que improvisar rutas de escape rompiendo paredes y cercos para huir del fuego y de los proyectiles.
El ataque causó también la pérdida de animales domésticos que no pudieron ser salvados y dejó a los afectados sin herramientas ni electrodomésticos, quedando únicamente con la ropa que llevaban puesta, como contó un vecino en el lugar. La comunidad denuncia que este incidente no es aislado y que está vinculado a presuntas mafias de tráfico de terrenos y conflictos por la posesión de las tierras, que habrían sido compradas y ahora buscan desalojar mediante la fuerza.
Tras el incidente, las fuerzas del orden lograron detener a aproximadamente 60 personas, muchas de las cuales portaban armas de fuego en el momento de su captura. Sin embargo, para la población afectada, estas detenciones no alivian su situación, ya que continúan sin acceso a agua, alimentos ni un lugar seguro para alojarse. Las familias solicitan urgentemente apoyo de la Municipalidad de Pucusana y del alcalde Juan José Cuya, incluyendo instalaciones temporales y donaciones de víveres, debido a que dependen de camiones cisterna para obtener agua y han perdido sus generadores eléctricos. Los residentes permanecen en la zona, vigilando los restos de sus viviendas y temiendo un nuevo ataque, en medio de la incertidumbre sobre su desalojo, que aseguran ocurrió en condiciones ilegítimas, tras más de una década habitando en el lugar.
