La Audiencia Provincial de Barcelona anuló una orden de desalojo contra un inquilino que ocupa desde hace más de 40 años un departamento en el centro de la ciudad, después de que la propietaria intentara desalojarlo alegando motivos de salud y movilidad. La decisión judicial destaca que no se demostró de manera concluyente que la vivienda fuera necesaria para la propietaria, quien presentó informes médicos y peritajes en su defensa. La demandante argumentaba que, debido a un accidente cerebrovascular y otras afecciones neurológicas, necesitaba residir en un espacio accesible, y afirmó que ese piso era el único de su propiedad que cumplía con esas condiciones. La defensa del inquilino negó que existiera una necesidad real y acusó a la propietaria de querer desalojarlo para obtener un alquiler más alto. La primera sentencia había ordenado el desalojo, pero la defensa apeló argumentando que se confundió comodidad con necesidad real. La Sala de Apelaciones evaluó la accesibilidad en ambas viviendas, comprobando que, pese a las modificaciones, no existía una diferencia significativa que justificara la expulsión del inquilino. También consideró que la edad y el estado de salud de la propietaria no comprobaban una necesidad suficiente para desalojar a quien mantenía un contrato desde 1976. La sentencia final revoca la orden de desalojo y desestima la demanda, sin imponer costas procesales a ninguna de las partes. Ambas partes podrán presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de veinte días, siempre considerando los requisitos legales establecidos. La resolución refuerza la consideración de que la necesidad para solicitar el desalojo debe ir más allá de la mera conveniencia o comodidad personal, especialmente en casos con largos historiales de ocupación.
