La Comisión legislativa del Estado de México anunció una auditoría a 11 municipios en emergencia por violencia de género, ante denuncias de mal uso del presupuesto destinado a la Alerta de Violencia y Desapariciones. La revisión buscará verificar si los fondos se destinaron a acciones reales de prevención, atención y reparación a víctimas, incluyendo municipios como Chalco, Ecatepec y Toluca.
La diputada Ana Yuritxi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión, señaló que se revisará si los recursos públicos se asignaron a unidades especializadas, personal capacitado y programas efectivos. En noviembre, solicitaron a la Secretaría de las Mujeres un informe sobre la gestión del presupuesto, sin aún recibir respuesta. La falta de transparencia impide comprobar si las víctimas recibieron ayuda o si los fondos fueron desviados.
Ejemplos como Ecatepec ilustran la problemática: se destinó un millón de pesos a aerosoles y murales, sin evidencia de impacto en la reducción de violencia. La legisladora denunció que en otros municipios, fondos se subutilizan o no se ejercen en actividades relevantes.
A pesar de que el Congreso asignó 260 millones de pesos para apoyar a víctimas, muchas familias no reciben servicios de salud, educación o empleo, y enfrentan abandono institucional. El caso de Fátima, niña feminicida, muestra las fallas: sus familiares, pese a ser reconocidos como víctimas por la Suprema Corte, han sufrido desplazamiento y pérdida de otros familiares, evidenciando la omisión de las autoridades.
Leyva Piñón pidió un censo nacional de víctimas desplazadas y convenios interestatales que aseguren vivienda y empleo, advirtiendo que víctimas no deben terminar en la indigencia por huir de la violencia. Para 2025, enfatizó en la necesidad de usar el presupuesto de manera transparente, identificar zonas de riesgo y fortalecer redes comunitarias.
La diputada criticó que las alertas de género son solo un parche, y que el dinero muchas veces no llega a las víctimas o se gasta en actividades irrelevantes, impidiendo una verdadera protección.
Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó que en 2024 atendió solo el 42.7% de las denuncias programadas en feminicidios, trata y desapariciones —807 de 1,889—, lo que evidencia baja efectividad institucional. Aunque asegura priorizar estos delitos, no hay datos comparativos sobre avances, resoluciones o disminución del delito, poniendo en duda la eficacia de las acciones oficiales.
