La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió dos recomendaciones graves al Gobierno del Estado de México por irregularidades críticas en el manejo de más de 17,4 mil millones de pesos del Gasto Federalizado en Materia de Salud durante 2024. Entre las fallas destaca el incumplimiento en la transferencia de recursos a un fondo específico y la incapacidad de acreditar el destino de más de 1,5 mil millones de pesos en medicamentos.
El informe señala que el gobierno estatal no logró atender las dos principales recomendaciones de la auditoría. La primera, con número 0842-01-001, exige que el Estado establezca los compromisos para transferir adecuadamente los recursos al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), conforme al convenio con el IMSS-BIENESTAR. La falta de acreditación de esta transferencia pone en riesgo que los fondos destinados a atención médica gratuita para población sin seguridad social sean efectivamente ejercidos, lo que podría debilitar el esquema de federalización en salud y dejar sin atención a los más vulnerables.
La segunda recomendación, número 0842-01-002, exige presentar la información que acredite la conciliación definitiva de recursos en especie por valor de 3,3 mil millones de pesos en medicamentos e insumos. Hasta la conclusión de la auditoría, existía una discrepancia de 1,5 mil millones de pesos, ya que el Instituto de la Salud del Estado de México (ISEM) solo reportó haber recibido 1,7 mil millones, dejando un vacío que genera dudas sobre si los medicamentos no fueron entregados por el IMSS-BIENESTAR o si no fueron correctamente registrados, lo que pone en riesgo la gestión y el abasto de medicamentos en farmacias y hospitales.
La auditoría también reveló un patrón de irregularidades que motivó la apertura de al menos diez expedientes de investigación por parte de los Órganos Internos de Control, centrados en servidores públicos. Entre los hallazgos destacados se encuentra el desvío de 6.27 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a una cuenta de recursos propios, violando la normativa, por lo que el gobierno estatal realizó un reintegro total de este monto junto con 329 mil pesos en rendimientos financieros.
En adquisiciones, se detectaron adjudicaciones directas injustificadas por 667.9 millones de pesos destinadas a servicios como diálisis, vales de despensa y equipamiento médico, las cuales carecían de dictámenes de excepción y, en algunos casos, de fianzas de calidad, aumentando riesgos de incumplimiento. Además, se pagaron 4.42 millones de pesos a personal sin el perfil académico requerido o en puestos no autorizados, cantidades que, tras la intervención de la ASF, fueron aclaradas y reintegradas en su totalidad.
Adicionalmente, se encontró que el personal eventual médico y paramédico carecía de seguridad social, vulnerando sus derechos laborales, y que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el uso de recursos no coincidía con los registros contables, afectando la transparencia.
Aunque el Instituto de Salud del Estado de México obtuvo una calificación de 81.5 sobre 100 en control interno, la ASF identificó deficiencias críticas, como la falta de mecanismos para recibir denuncias de ética, ausencia de metas operativas y la inexistencia de auditorías internas durante 2024, lo que pone en duda la fortaleza del sistema de control y gestión en salud del Estado.
