¿Alguna vez te has preguntado qué tan fuertes son las leyes para proteger a las víctimas de abuso y acoso sexual en México? La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tiene una respuesta clara y contundente.
Recientemente, Delfina Gómez envió una iniciativa de ley al Congreso local con el objetivo de fortalecer las sanciones contra quienes cometan delitos de hostigamiento y abuso sexual. Lo que busca es que estos delitos sean perseguidos de oficio, con una perspectiva de género, y que la persona responsable tenga la obligación de reparar el daño y participar en cursos para modificar su comportamiento.
Durante su exposición en la Legislatura, Gómez Álvarez resaltó que, aunque se han realizado esfuerzos institucionales, las cifras muestran un sistema de violencia estructural y simbólica que perpetúa la desigualdad de género en la región.
¿Sabías que en México la violencia sexual representa una de las principales vulneraciones a los derechos humanos? Los datos del 2024 muestran que, en el Estado de México, la tasa de delitos sexuales es alarmante: 279 casos de violencia sexual y 3,881 otros delitos sexuales por cada 100 mil habitantes. Además, por cada delito cometido contra hombres, hay ocho contra mujeres, con una tasa de incidencia de 4,160 delitos por cada 100 mil habitantes.
**¿Qué cambios propone la nueva ley?**
**Hostigamiento sexual:**
Actualmente, en el artículo 269 del Código Penal, el hostigamiento sexual conlleva penas de 6 meses a dos años de cárcel y multas de 30 a 120 días. La iniciativa propone ampliar la definición e incrementar la pena a entre 2 y 6 años de prisión, además de multas que van de 100 a 800 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Si la conducta se repite o la persona se aprovecha de una situación de vulnerabilidad, la pena se aumentará en un 50%.
**Abuso sexual:**
Para el delito de abuso sexual, la propuesta amplía la definición y penaliza a quien obligue a observar actos sexuales o a exhibir su cuerpo de forma explícita. La pena sería de 3 a 7 años de prisión y multas de 200 a 500 UMAs, frente a las actuales de 2 a 4 años de cárcel. Además, se establece que el consentimiento no podrá presumirse solo por silencio o pasividad.
Y no solo eso. La ley también obligará a los responsables a acudir a talleres educativos con perspectiva de género y no violencia, a prestar trabajo en favor del Estado o instituciones de beneficencia, y a reparar integralmente el daño causado.
¿Crees que estos cambios tengan el impacto que la sociedad necesita? La intención es clara: proteger, prevenir y castigar con mayor severidad a quienes cometen estos delitos, en un esfuerzo por construir un Estado más justo y seguro para todas las personas.
