El Ministerio de Educación de Panamá informó sobre la identificación de aproximadamente 50 casos de irregularidades en el proceso de nombramiento de docentes, tras implementar controles constantes en la plataforma Provel, destinada a gestionar las vacantes y la asignación de plazas. La institución alertó sobre prácticas como la venta de plazas inexistentes, la comercialización de vacantes y movimientos de manipulación que buscan convertir el concurso en un mercado donde las plazas se ofrecen al mejor postor.
Según el reporte oficial, uno de los modus operandi consiste en personas que se hacen pasar por funcionarios del ministerio, ganándose la confianza de los aspirantes y prometiendo plazas laborales a cambio de dinero, mediante supuestos trámites internos y plazos apretados para la transferencia de fondos. Estas acciones afectan la transparencia del proceso, fomentando la percepción errónea de que la asignación de vacantes depende del pago y no del mérito.
Un caso reciente reveló que un grupo de docentes acudió a la sede central del Ministerio de Educación para tomar posesión en áreas de difícil acceso, pero las verificaciones determinaron que se trataba de puestos no concursados, y que las personas involucradas habían realizado presuntas transferencias bancarias a funcionarios ficticios, creyendo que estaban asegurando un nombramiento válido.
Este 21 de febrero, el Ministerio inició el desplazamiento de 1,697 docentes, quienes laborarán en regiones remotas del país mediante transporte aéreo, marítimo y terrestre, dada la complejidad logística. Este incidente evidencia el nivel de sofisticación de las estafas, ya que no solo prometen plazas, sino también logran que los afectados acudan físicamente a recibir un nombramiento que en realidad no existe.
En respuesta, el subdirector de Recursos Humanos, Reinaldo Medina, y el equipo de Asesoría Legal presentaron denuncias formales ante el Ministerio Público por presunto delito contra la administración pública. El Ministerio resaltó que la reactivación y monitoreo permanente de Provel ha sido fundamental para detectar y frenar estas irregularidades, reforzando los mecanismos de control y legalidad del proceso.
El reporte también revela que el monto involucrado en estas actividades ilícitas supera los 100 mil dólares, relacionados con al menos 8 casos en 2024, 2 en 2025 y 17 en 2026. Más allá del aspecto económico, la situación afecta a los aspirantes que buscan estabilidad laboral, pues son víctimas de esquemas que explotan su necesidad de empleo y la ilusión de obtener una plaza oficial.
El Ministerio reiteró que la única vía legítima para acceder a una vacante en el sistema educativo oficial es a través del cumplimiento de los méritos y los procedimientos establecidos en el Concurso de Nombramiento, garantizando igualdad de oportunidades. Sin embargo, en las últimas semanas, también se reportaron irregularidades relacionadas con la presentación de documentación académica falseada, con 16 casos detectados que motivaron reforzar los filtros y verificaciones para asegurar la integridad del proceso.
Estos incidentes ponen de manifiesto que el proceso de concursos docentes enfrenta riesgos tanto externos, en forma de compra de plazas ficticias, como internos, mediante la falsificación de documentos. Ambos escenarios comprometen la legalidad y la transparencia, poniendo en peligro la credibilidad del sistema.
Pese a los desafíos, el Ministerio ha avanzado en la selección de 3,150 docentes programados para 2026, en un proceso que, por su volumen, es atractivo para quienes buscan atajos. Para evitar engaños, las autoridades subrayan que Provel es el canal oficial y cualquier oferta de plazas fuera de este sistema debe generar alertas inmediatas.
La institución continuará fortaleciendo los controles con el objetivo de garantizar que las vacantes se asignen mediante verificaciones rigurosas, documentación verificable y mecanismos de auditoría, dificultando así la operación de prácticas ilegales y la venta de plazas falsas. El reto consiste en mantener un proceso transparente y seguro frente a quienes intentan manipular el concurso por vías ilícitas.
