Durante la gestión del presidente peruano José Jerí, al menos 73 visitantes acudieron al Palacio de Gobierno en horarios nocturnos, con registros que muestran más de 23 visitas entre las 2:00 y las 5:00 horas, y otras 46 entre las 23:45 y las 2:00 del día siguiente, según información oficial. Además, algunas reuniones tuvieron una duración promedio de nueve horas y otros encuentros se prolongaron más de 20 horas, en algunos casos con asistencia de múltiples funcionarios.
La mayoría de los encuentros nocturnos estuvieron protagonizados por José Jerí, quien en enero de 2026 recibió 11 visitas en una sola jornada, muchas de las cuales culminaron en la madrugada. Entre los visitantes se encuentran familiares de altos mandos militares, además de congresistas y personal del gobierno, como Gina Gálvez, colaboradora del Congreso, y Ana Zegarra, que permaneció en Palacio hasta la 1:05 del 13 de octubre.
Otros eventos destacados ocurrieron en octubre y noviembre de 2025, incluyendo reuniones que se extendieron hasta pasada la medianoche, como la del 14 de ese mes con Benito Villanueva y Gina Gálvez, ambas finalizadas a las 0:20, y encuentros con miembros del Congreso, como Cristina Berauny y Guadalupe Vela, quienes posteriormente renunciaron a cargos públicos tras sus visitas.
Un caso particular fue la visita de Jenner Flores Vidal, asistente del despacho de Jerí en el Congreso, quien permaneció en Palacio desde las 17:15 del 3 de noviembre hasta las 8:29 del día siguiente. Las salidas en la madrugada también han sido vinculadas a contrataciones en cargos públicos, como la de Susana Gutiérrez y Joy Aguilar Sánchez, empleada en la Presidencia del Consejo de Ministros.
Otra denuncia significativa involucra a cinco mujeres cercanas a Jerí, quienes mantuvieron encuentros en su despacho hasta altas horas y posteriormente obtuvieron contratos estatales, lo que ha motivado una investigación en Fiscalía por presunto tráfico de influencias. La fiscalía peruana ha dispuesto diligencias, incluyendo la declaración indagatoria de Jerí, programada para el 2 de marzo en Palacio de Gobierno, en un proceso que podría ampliarse debido a las restricciones establecidas por el Tribunal Constitucional respecto a investigados en funciones.
