Durante los meses más duros de la pandemia de Covid-19, entre marzo y mayo de 2020, las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid se convirtieron en el epicentro de una tragedia silenciosa. En ese periodo, fallecieron 7,291 residentes que no fueron traslados a hospitales y en muchos casos no recibieron atención médica adecuada, muriendo en completa soledad y en condiciones precarias.
En respuesta, la Comunidad de Madrid implementó unos llamados 'protocolos de la vergüenza', firmados por la Consejería de Sanidad, que ordenaban que no se derivara a hospitales a ancianos con dependencia severa o deterioro cognitivo. Esto provocó que muchos de ellos murieran sin oxígeno ni medidas para aliviar el dolor. En esa primera ola, el 78% de las muertes en Madrid ocurrieron en residencias.
Frente a esta situación, familiares de las víctimas comenzaron una lucha por obtener justicia. Dos asociaciones, ‘Marea de Residencias’ y ‘7291:Verdad y Justicia’, llevan cinco años buscando que los responsables de esos protocolos sean juzgados y condenados.
El primer avance significativo ocurrió el 10 de octubre de 2024, cuando se presentó una denuncia colectiva ante la Fiscalía de Madrid, firmada por 109 familiares de las víctimas. Esta denuncia es el punto de partida de las investigaciones en curso.
Según uno de los abogados del caso, Carlos Castillo, la denuncia se basa en un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal. Además, varios familiares presentaron querellas individuales dirigidas contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, particularmente contra Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, considerados principales autores intelectuales de los protocolos.
La Fiscalía dividió la denuncia en varias diligencias, algunas de las cuales derivaron en denuncias formales en juzgados. Hasta ahora, de 92 procedimientos iniciales, 73 siguen en instrucción, 10 están en revisión por la Audiencia Provincial, 4 en el Tribunal Constitucional y 5 fueron desistidos.
Recientemente, se ha dado un paso importante: se imputaron formalmente a ocho de los principales denunciados en diferentes procedimientos. Sin embargo, el proceso no ha sido sencillo; algunos juzgados han mostrado lentitud y desidia, retrasando diligencias y generando preocupación entre los abogados.
Por ejemplo, en los Juzgados de Móstoles y Navalcarnero, varias denuncias presentadas en abril aún no han avanzado, y en el Juzgado 39 de Madrid, unas diligencias enviadas en marzo no fueron notificadas hasta septiembre. Además, algunos juzgados han inhibido su competencia en favor del juzgado 3 de Madrid, que aún no ha aceptado esas inhibiciones, lo que podría dilatar aún más el proceso.
El abogado Castillo considera que sería positivo centralizar todas las actuaciones en un solo juzgado para facilitar una estrategia uniforme. Respecto a posibles futuras imputaciones, indicó que «puede ser», dependiendo de cómo avancen las investigaciones en los diferentes juzgados y si se amplían las acusaciones.
