Zumpango, Edomex., 21 de mayo de 2025.- El fenómeno del despojo de propiedades dejó de ser un delito aislado en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha descubierto que detrás de estos actos existe una red criminal organizada, que involucra a sindicatos, notarios públicos y funcionarios tanto municipales como estatales. Bajo el nombre de Operativo Restitución, esta estrategia ha permitido asegurar 268 inmuebles en 31 municipios y detener a 21 personas entre abril y mayo.
El vicefiscal Martín Marín Colín señaló que el despojo forma parte de un fenómeno más complejo, vinculado con delitos como extorsión, amenazas, narcomenudeo y desapariciones. Además, advirtió sobre la participación, ya sea por acción u omisión, de servidores públicos que han facilitado o encubierto estas operaciones mediante documentos falsificados o trámites sin la revisión adecuada.
“Muchos empleados de catastro, desarrollo urbano, el IFREM y notarios han validado operaciones sin fundamento. Esa red estamos desmantelándola”, afirmó.
El uso de sindicatos ha sido fundamental para ocultar estas prácticas delictivas. Organizaciones como Los 300, UPREZ Autónoma, USON y 22 de Octubre operan activamente en municipios como Ecatepec, Tecámac y Nezahualcóyotl. Aunque inicialmente fueron creadas con fines sociales, hoy muchas están señaladas como parte de una maquinaria dedicada al despojo, la intimidación y el control territorial.
“Ya no defienden a nadie; ahora usan su estructura para apropiarse de lo ajeno”, añadió.
El abandono de viviendas en fraccionamientos de Huehuetoca, Tultitlán y Zumpango ha facilitado el despojo. Más de nueve mil inmuebles deshabitados, en su mayoría ligados a créditos hipotecarios, han sido ocupados ilegalmente mediante contratos simulados. Estas propiedades, una vez tomadas, son convertidas en bodegas clandestinas, gaseras irregulares o puntos de narcomenudeo. La Fiscalía trabaja con dependencias federales para identificar y proteger estas viviendas antes de que sean ocupadas por estas redes delictivas.
Entre los casos detectados, al menos 17 corresponden a adultos mayores. En Ecatepec, una mujer de 83 años fue despojada de su propiedad, que posteriormente fue utilizada como gasera clandestina. En Naucalpan, se logró devolver una vivienda a una mujer de 102 años.
“Eligen a los más vulnerables; por eso, su protección es prioridad”, expresó la autoridad.
La gravedad del problema se evidenció el 1 de abril, cuando Carlota N., una mujer de la tercera edad, fue detenida tras enfrentarse a presuntos invasores en Chalco. Su caso, todavía en trámite, impulsó el Operativo Restitución y evidenció la falta de protección legal para las víctimas de despojo.
Con más de 1,700 carpetas de investigación abiertas por este delito en lo que va del año, y 502 sólo en abril, la Fiscalía expresó que el operativo continuará y se preparan nuevas órdenes de aprehensión contra miembros de estas redes, incluidos servidores públicos.
Ya no se trata solo de ocupaciones ilegales; el despojo se ha convertido en una estrategia delincuencial que aprovecha estructuras sociales, vacíos en las instituciones y la complicidad para avanzar. El Estado de México ha decidido enfrentarlo.