La presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Ana María Kudisch, calificó como una “regresión” la reforma a la Ley de Amparo propuesta en el Congreso, advirtiendo que implica un retroceso en la protección de derechos humanos y pone en riesgo la certeza jurídica en México.
Durante el foro de análisis “Iniciativa de reforma al Amparo” organizado por la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la misma Barra, Kudisch señaló que esta modificación podría generar interpretaciones dispares entre jueces, abogados y justiciables, dejando a los ciudadanos sin claridad sobre sus derechos.
Reconociendo la importancia del juicio de amparo como una de las herramientas más complejas y vitales del sistema legal mexicano, Kudisch alertó que, en casos sencillos, como incumplimiento de pensiones alimenticias, la suspensión de amparo sería inadmisible. Sin embargo, en asuntos ambientales, colectivos o de gran impacto social, la reforma crea ambigüedades que pondrían a los ciudadanos en desventaja frente a las autoridades.
Asimismo, la dirigente criticó la falta de una consulta amplia con especialistas y abogados antes de la aprobación de estas reformas. “Queremos ser escuchados antes de que estas modificaciones entren en vigor. La abogacía mexicana tiene experiencia y conocimientos que deben tomarse en cuenta. No se trata de un ‘fast track’ para aprobar sin valorar nuestras observaciones”, afirmó.
Además, Kudisch señaló que el gremio mantiene una postura abierta al diálogo y que sus aportaciones se consolidan de manera colegiada, destacando que representan a profesionales que diariamente enfrentan el impacto real de estas reformas.
La presidenta de la Barra también cuestionó la aparente contradicción en las prioridades del sistema legal, pues mientras se impulsa la digitalización y modernización del marco jurídico, proyectos como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares llevan años de retraso. “Es una contradicción hablar de modernidad cuando aún no existe claridad en la entrada en vigor de normas que garantizarían igualdad de derechos en todo el país”, criticó.
Para finalizar, Kudisch exigió un diálogo genuino y transparente, y no meras simulaciones. “Si la justicia es para el pueblo, escuchen a la abogacía mexicana, especializada en amparo y comprometida con los derechos humanos”, concluyó.
En ese mismo foro, Miguel Bonilla, profesor de la Escuela Libre de Derecho y exmagistrado del Poder Judicial, afirmó que la reforma a la Ley de Amparo presentada en el Congreso favorece más a las autoridades que a la protección de los derechos ciudadanos.
El académico explicó que los jueces de distrito enfrentan un problema inmediato al tener que decidir sobre admisiones, desechamientos y suspensiones en demandas de amparo, y que la demora en llegar a la Suprema Corte generará inseguridad jurídica. “Para que estas decisiones sean definitivas, pasa tiempo; en el proceso, la ambigüedad de la reforma deja en desventaja a los justiciables”, dijo.
Bonilla advirtió que si la norma no está redactada con precisión, afectará directamente los derechos fundamentales de las personas. “Cuando la Ley de Amparo no es clara, la interpretación favorece a la autoridad y perjudica al ciudadano”, concluyó.
