Las vías férreas de La Guajira vuelven a ser escenario de tensiones sociales. Desde hace una semana, diversos bloqueos mantienen detenido el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar, afectando las operaciones de Cerrejón, una de las principales empresas mineras del país.
La compañía informó que ha tenido que reducir su producción progresivamente y busca soluciones pacíficas para el conflicto. En un comunicado, Cerrejón hizo un llamado a las partes involucradas a resolver sus diferencias mediante el diálogo, advirtiendo que los bloqueos perjudican no solo a la empresa, sino también a los trabajadores, comunidades vecinas y al desarrollo económico de la región.
Las protestas, que predominan en la zona alta del departamento, son lideradas principalmente por comunidades indígenas insatisfechas por la falta de respuesta a sus reclamos, a pesar de los acuerdos previos en mesas de diálogo. Desde el 8 de octubre, manifestaciones simultáneas en la vía férrea han paralizado los trenes que transportan el carbón, causando retrasos en las exportaciones y afectando la cadena logística.
El malestar social también se extiende a otros puntos del departamento. En Maicao, familiares de un hombre fallecido en un accidente de tránsito bloquearon la vía Maicao–Cuatro Vías, exigiendo justicia. En Riohacha, en el kilómetro 65 de la carretera Río Palomino–Riohacha, estudiantes y residentes cerraron el paso para exigir que la alcaldía garantice el transporte escolar, que ha sido ignorado durante meses y afecta la educación en zonas rurales.
Las cifras oficiales evidencian la magnitud del problema: en 2024, se registraron 333 bloqueos que impidieron el transporte de carbón durante 135 días, ocasionando pérdidas millonarias para Cerrejón y afectando a centenares de familias dependientes de la actividad minera. Además, la interrupción constante pone en riesgo los compromisos de exportación con socios internacionales.
Estas protestas tienen raíces en un contexto social complejo y prolongado, caracterizado por tensiones entre comunidades y el Estado, alimentadas por falta de inversión pública, problemas de acceso a agua y deficiencias en los servicios básicos. La vía férrea, puente entre la actividad minera y el puerto, se ha convertido en un símbolo de reclamación en un territorio donde las promesas incumplidas y la lentitud en las soluciones son parte de la realidad cotidiana.
Cerrejón insiste en que el diálogo es la única vía posible. La empresa mantiene abiertas las vías de comunicación con líderes comunitarios y busca espacios de concertación para evitar mayores daños. Reclama la intervención de las autoridades para garantizar la movilización libre y la seguridad de sus trabajadores, advirtiendo que los bloqueos ponen en riesgo la producción y la estabilidad regional.
El impacto de estos bloqueos va más allá del sector minero. En municipios como Albania, Barrancas, Maicao, Hatonuevo y Uribia, donde residen muchos empleados de Cerrejón, las interrupciones generan incertidumbre laboral, pérdida de ingresos y afectaciones en pequeños comercios locales. Hace un mes, residentes de estas localidades salieron a marchar pidiendo el fin de los bloqueos, expresando que cada interrupción trae hambre y atraso a la población.
